El auge y caída de Patricia Benavides, la fiscal nacional de Perú que complica a Boluarte

A más de un año de que fuera elegida de manera unánime como fiscal nacional peruana gracias a una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio Público, Patricia Benavides ahora se encuentra inmersa en un escándalo que la tiene investigada como presunta líder de una organización criminal en el corazón de las altas esferas de la fiscalía y con crecientes llamados para que presente su dimisión.

Si bien la crisis en el Ministerio Público se venía gestando durante los últimos meses, estalló el lunes luego del operativo fiscal que detuvo al principal asesor de Benavides, Jaime Villanueva, por sus presuntas coordinaciones ilegales hechas a nombre de la fiscal con el objetivo de dirigir los votos de los parlamentarios, a través de chats y reuniones.

Con esto se buscaba favorecer a la jefa del Ministerio Público e impedir una eventual destitución en la Junta Nacional de Justicia (organismo que nombra, evalúa, ratifica y sanciona a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la oficina de procesos electorales y del Registro Civil), a cambio de que se archivaran investigaciones a legisladores.

Junto a Villanueva fueron acusados el asesor fiscal Miguel Ángel Girao Isidro y el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza.

Horas antes de la ejecución del llamado Operativo Valquiria, que detuvo a Villanueva, la fiscal de la Nación firmó la remoción de la fiscal superior Marita Barreto, que investigaba presuntos actos de corrupción en el entorno del expresidente Pedro Castillo, así como los casos Provías Descentralizado-Puente Tarata, Petroperú, los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el caso de la empresaria Sada Goray.

Tras su remoción, Barreto dijo que pedirá una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de evitar la persecución y hostigamiento por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, según indicó su abogado Luciano López a la radio RPP.

Ante esto, los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos exigieron este lunes a Benavides que renuncie al cargo de fiscal de la Nación. En un documento, sus colegas indicaron que los señalamientos “no se condicen con un desempeño debido a su cargo como máximo representante del Ministerio Público”. “Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”, agregaron.

Mientras la Junta Nacional de Justica dijo que viene “evaluando las acciones que competen”, la titular del Ministerio Público se negó a dimitir y aseguró que es víctima de un “ataque premeditado” de “quienes no quieren ser investigados” a través de “algunos fiscales”. Según los expertos, Benavides no está obligada a renunciar y esa decisión depende de ella.

Tras conocer estas acciones, Benavides anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la Presidenta Dina Boluarte, además del primer ministro, Alberto Otárola y un grupo de ministros, por las muertes en las protestas contra el gobierno. “No se debe permitir la muerte de ninguna peruana ni peruano, así como tampoco el abuso de poder”, apuntó.

“Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución”, dijo Benavides. “Pero no voy a retroceder: tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como fiscal de la Nación, no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales”, añadió.

La fiscal también aseguró que viene dando “todas las facilidades” al equipo especial contra la corrupción para sus investigaciones y para la diligencia de este caso.

Boluarte manifestó su “extrañeza” de que la denuncia haya sido interpuesta “luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detención del equipo (de asesores) de Benavides por presuntos actos de corrupción”. “Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad”, agregó.

Según explicó el diario El Comercio, si deja el cargo, Benavides “seguiría siendo fiscal suprema y tendría inmunidad para ser procesada judicialmente. Sin embargo, sí perdería influencia sobre las designaciones de equipo especiales, fiscales coordinadores, las investigaciones que comprenden a altos funcionarios y sobre el aparato logístico de la institución”.

En ese escenario, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura de Perú, señaló que su pleno se encuentra “en sesión permanente evaluando las acciones que le competen en el marco de la Constitución y la ley”.

“Es preocupante lo que está pasando en la institución. Esa percepción que se tenía, que estábamos volviendo a los años noventa, se estaría dando con este asesor que ha sido intervenido”, dijo el fiscal Germán Juárez. “(Benavides) debería renunciar a efectos que dé las explicaciones claras de cómo se ha venido manejando la institución. Los fiscales superiores que han estado en casos claves, liderando la lucha anticorrupción, vienen siendo apartados”, añadió.

Benavides asumió el cargo de fiscal nacional el 20 de junio del año pasado. Antes se había desempeñado como fiscal adjunta provincial provisional en Huancavelica e Ica, y fiscal adjunta superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Penal del Callao.

Asimismo, trabajó como fiscal provincial titular de Lima; fiscal adjunta suprema titular adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación; y fiscal suprema titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Por otro lado, obtuvo el primer lugar en el cuadro de méritos durante el proceso de elección de los nuevos fiscales supremos realizado por la Junta Nacional de Justicia. Durante la etapa de entrevistas, miembros de la Junta Nacional de Justicia fundamentaron sus calificaciones sobre ella, subrayando, por ejemplo, que “exhibe una deseable solidez en su dimensión ética y personal”, además de serenidad y templanza, indicó la Agencia Andina.

Estudió derecho en la Universidad de Lima. Tiene grados de maestría en Derecho Civil y Comercial, así como un doctorado en Derecho, ambos de la Universidad Alas Peruanas. También registra un Máster en derecho penal y garantías constitucionales por la Universidad de Jaén y un postítulo en Asesoría Jurídica de la Empresa en la Universidad del Desarrollo de Chile.

Cuando fue consultada por la posibilidad de ser electa fiscal de la Nación, Benavides dijo en mayo del año pasado que lo asumiría “con firmeza y aplomo la investigación”. Manifestó también que se debe evaluar las investigaciones “en función de lo que aparece en la carpeta fiscal”.

“En cuanto al manejo de la prensa, hay libertad de prensa que uno tiene que respetar. En casos emblemáticos o mediáticos, la población necesita informarse. Para ello, se cuenta con una gerencia de imagen para coordinar qué se informa”, señaló.

Desde que asumió sus funciones reiteró en varias ocasiones que su objetivo es enfrentar la corrupción en el poder de una manera frontal. “El poder es otorgado a los funcionarios para servir y no para lucrar o aprovecharse de él”, señaló en una columna en el diario El Comercio.

“Una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia es la corrupción en el poder, no solo por el impacto negativo que genera el desvío de ingentes cantidades de recursos para el beneficio particular de algunos pocos, sino también porque defrauda la confianza ciudadana en el régimen democrático”, añadió.

Así, con apenas cuatro meses en el cargo, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso en contra del entonces Presidente Pedro Castillo, por presunto tráfico de influencias, abuso de poder y otros delitos, horas después de un allanamiento a viviendas de legisladores, funcionarios y de la casa de hermana del propio gobernante.

De acuerdo con el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, esta presunta organización criminal se mueve en tres diferentes ejes.

Por un lado, se habría pretendido influir de manera ilícita en las decisiones de congresistas para que destituyan a los miembros de la JNJ a través de un procedimiento constitucional. Ello, debido a que la JNJ investiga a Benavides y podría, eventualmente, suspenderla. En contraprestación, la fiscal de la Nación archivaría una serie de denuncias de carácter penal por corrupción en favor de los mismos congresistas.

Además, habrían influido en la designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, quien constitucionalmente presidiría una eventual comisión especial para seleccionar a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia a fin de que Benavides pueda permanecer en lo más alto de la cúpula de la dirección administrativa del Ministerio Público, indicó el portal de RPP.

Tercero, habrían promovido la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos mediante un proceso constitucional en el Congreso. El apoyo con votos por parte de los parlamentarios sería pagado con un favorecimiento en las investigaciones que cuentan con resolución pendiente en la Fiscalía de la Nación, añadió el portal.

Benavides también dispuso este domingo la remoción del sancionado excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba y decidió, en cambio, el nombramiento de tres fiscales como su reemplazo.

El fiscal superior fue sancionado por dos supuestas faltas muy graves y una grave. Todas ellas derivadas de un mismo hecho: declaraciones del 2020, como vocero del equipo especial, en las que criticó la resolución judicial que revocó la prisión preventiva a Keiko Fujimori y la forma en que se dio la audiencia para discutir el tema.

Benavides decidió nombrar como encargada de la coordinación del equipo especial Lava Jato a Marena Mendoza Sánchez, fiscal superior titular civil de La Libertad. Ella, de acuerdo a fuentes de El Comercio, tiene la absoluta confianza de la titular del Ministerio Público. No obstante, su designación ha sido cuestionada por no contar con experiencia en casos de lavado de activos, corrupción y organización criminal.