A pesar de las críticas sobre la legitimidad de las elecciones legislativas del domingo en Venezuela, que tuvieron como gran ausente al grueso de los partidos opositores, que acusaron un fraude electoral, el Presidente Nicolás Maduro celebró este lunes su “triunfo” que devolvió al chavismo la mayoría en la Asamblea Nacional, el único poder que estaba en manos de la oposición.

Casi 24 horas después del cierre de mesas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió el segundo boletín este lunes, con el 98,63% de las actas escrutadas, que otorgó el triunfo al chavismo aglutinado en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), que obtenía el 68,4% de los votos, mientras que la coalición opositora Alianza Democrática alcanzaba un 17,5%. Más atrás, aparecía la Alianza Venezuela Unida con un 4,15%; la Alternativa Popular Revolucionaria con un 2,7%; y un grupo coaliciones pequeñas con un 6,7%.

“Ha iniciado una nueva etapa de reconstrucción del Parlamento y la recuperación de nuestro país”, señaló Maduro en Twitter.

Sin embargo, la abstención, la escasa observación internacional, el boicot opositor y los llamados a último momento para buscar electores en las calles dieron cuenta de las deficiencias en los comicios, que no fueron reconocidos por el Grupo de Lima, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos ni Canadá.

Abstención

La prensa local y las agencias desplegadas por Venezuela revelaron la escasa participación en los comicios. “Hay más filas para cargar bencina que para votar”, dieron cuenta algunos periodistas en redes sociales.

De los más de 20 millones de personas habilitadas para sufragar, tan solo el 30,5%, es decir, un poco más de 6 millones de venezolanos, acudió a las urnas.

Personas mantienen el distanciamiento social mientras hacen cola para emitir sus votos en un barrio de bajos ingresos durante las elecciones parlamentarias en Caracas, Venezuela, el 6 de diciembre de 2020. REUTERS / Manaure Quintero

En los días previos, la oposición hizo un llamado a los venezolanos para permanecer en sus casas y no acudir a votar. Aunque las mesas debían cerrar a las 18.00 del domingo, el CNE extendió una hora más el proceso o “hasta que haya personas en las filas para votar”.

En paralelo, Maduro convocó el día de las elecciones a la “Operación Remate”, que consistió en salir a buscar votantes en las calles. Días antes, el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello dijo que “el que no vota, no come”.

A pesar de esto, el Observatorio contra el Fraude -creado por el Parlamento- aseguró que la participación no superó el 20%. Aunque no sería la participación más baja en elecciones parlamentarias: en 2015 fue del 71%, en 2010 de 66%, en 2005 de 25% y en 2000 del 50%.

Rechazo internacional

“Llamamos a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia en Venezuela”, enfatizó una carta firmada por el Grupo de Lima, suscrita por 17 países de la región, entre ellos Chile, Colombia y Ecuador.

El bloque nació en 2017 por iniciativa de Perú, y rechazó los comicios, sobre los cuales acusó que “carecen de legalidad y legitimidad”, ya que “fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Mike Pompeo, catalogó los comicios de “fraude y una farsa”. Hasta el momento, los únicos países de la región que se mantenían al margen eran Argentina, Bolivia, México y Uruguay.

“No hubo elección (el domingo. Chantajearon a la gente y simplemente la gente no lo aceptó”, señaló Guaidó en un punto de prensa en Caracas. En un intento por reavivar su respaldo y en su última carta, la oposición impulsará una consulta popular de manera presencial y a través de una aplicación para los venezolanos en el país y en el exterior, que finalizará el 12 de diciembre con una convocatoria a movilizaciones.

Los nuevos legisladores deberán asumir sus cargos el 5 de enero de 2021. Así, a partir de ese día la oposición quedará con las manos atadas para impulsar alguna iniciativa, ya que quedarían sin “piso institucional y judicial”.

Crisis venezolana

Más de 5 millones de venezolanos han dejado su país en medio de la crisis social y política. Para 2018, el Fondo Monetario Internacional alertó que la hiperinflación, la devaluación del bolívar y la escasez de bienes de primera necesidad generarían una inflación del 1.000.000%.

En 2019, los ciudadanos enfrentaron un nuevo problema: los apagones. En marzo de ese año, algunos sectores estuvieron sin suministro eléctrico por 7 días, generando problemas en hospitales, escasez de agua y saqueos.

Venezolanos en la frontera de Chile con Perú, en 2019.

Además, el chavismo acumula una serie de acusaciones de violaciones a los derechos humanos. La ONU presentó en septiembre pasado un informe de 443 páginas y más de 250 entrevistas en el que acusa a Maduro y 45 altos funcionarios de “crímenes de lesa humanidad”, que podrían ser juzgados en La Haya.

A esto se sumó el drama generado por la pandemia. Actualmente hay 104 mil casos activos y más de 900 fallecidos, pero el personal médico denuncia falta de medicamentos e insumos de protección para tratar a los contagiados con el virus.

¿Qué viene ahora?

Con el triunfo en las urnas, el chavismo tomará el control total de todos los poderes del Estado. Desde el 5 de enero, parte del círculo cercano de Maduro pasará de la Asamblea Constituyente a la Asamblea Nacional. Este será el caso de Diosdado Cabello y la primera dama, Cilia Flores.

Maduro también controla 19 de las 23 gobernaciones; 305 de las 335 alcaldías; 227 de los 251 diputados de las asambleas legislativas regionales. Además se añade el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el CNE.

La oposición, dividida entre Juan Guaidó, Henrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, espera que la llegada de Joe Biden genere nuevas posibilidades para presionar al Palacio Miraflores. Mientras, el chavismo aspira a que el demócrata aliviane las restricciones económicas.

Según Daniel Zovatto, director del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), “Venezuela enfrenta un laberinto político jurídico. Esto dará inicio a que la comunidad internacional vuelva a iniciar un proceso de diálogo, con una nueva política exterior, ahora con Joe Biden, la Unión Europea y América Latina tratando de colaborar, pero el chavismo puede decir por qué voy a negociar mi posible salida cuando no tengo garantías de que me va a pasar si dejo el poder y cuando la oposición está más débil que nunca. Más aún con las elecciones locales del próximo año”.