Esta semana el comercio, las escuelas, los bancos, la administración pública y el transporte han estado totalmente paralizados en Puerto Príncipe. En medio de una grave escasez de combustible provocada por las bandas criminales que controlan la ciudad, los haitianos llevan tres días de huelga contra la inseguridad.
La violencia se ha agravado este mes, en el que distintas bandas agrupadas en el conocido “G9″ han tomado distintas petroleras del país, sin que la policía pueda aún recuperar las posiciones y reanudar el suministro. Con el aumento del precio de los combustibles en el país, el tráfico ilegal ha ido aumentando, forzando al Ejército de la vecina República Dominicana a limitar la compra de bencina en las localidades fronterizas.
Los que más están sufriendo la escasez son los hospitales, que dependen de generadores de electricidad para poder atender a sus pacientes. Cientos de personas están en peligro por la posibilidad de cierre de algunos centros asistenciales, que sencillamente no pueden continuar funcionando en estas condiciones.
Varios hospitales a lo largo de Haití han estado enviando mensajes de emergencia al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desde la semana pasada, debido a la carencia de combustible que impide que sus servicios de urgencia funcionen con normalidad. El representante del organismo internacional, Raoul de Torcy, indicó : “Con la inseguridad que prevalece en Puerto Príncipe, la vida de muchas mujeres embarazadas y recién nacidos está en peligro, porque los hospitales que deberían brindarles atención vital no pueden operar normalmente”.
Debido a que la red eléctrica no es confiable en Haití, y sufre constantemente cortes e interrupciones, la mayoría de los hospitales del país funciona con generadores eléctricos. El sábado, medios locales indicaron que los centros St. Damien y St. Luc contaban con 6.000 galones de diésel en reserva, lo que obligaba a suspender el servicio pediátrico a partir del martes 26 si es que no llegaba más combustible, poniendo en riesgo la vida de 300 niños, 45 mujeres en maternidad, además de otros 70 adultos en el servicio de urgencias.
Unicef había conseguido un contrato con un proveedor local en miras a hacer llegar los galones de combustible necesarios a estos hospitales y otros más, pero debido a la inseguridad el proveedor declaró que no podía transportarlos ni en Puerto Príncipe ni el resto del país. Se habría negociado la llegada del carburante para el domingo, pero los miembros del “G9″ mantienen bloqueados los accesos y las estaciones de servicio. La Asociación de Hospitales Privados de Haití, por su parte, solicitó la creación de un corredor de entrega de combustible para todos los centros asistenciales.
Además de los hospitales, las antenas de telecomunicaciones también dependen de generadores alimentados con combustible, por lo cual esta escasez amenaza con dejar incomunicado al país.
Según el diario haitiano Le Nouvelliste, el lunes en la mañana un grupo de personas armadas, hasta entonces no identificadas, había bloqueado la terminal petrolera de Varreux en Puerto Príncipe, enfrentándose a la policía e impidiendo la distribución del combustible. En conjunto con esto, distintos puntos clave del país fueron tomados por grupos armados.
Esa noche, en una entrevista para Radio Mega, el líder del “G9″ en el área metropolitana de la capital, Jimmy “Barbecue” Cherizier, se adjudicó el bloqueo, fijando como condición para su término la renuncia del primer ministro haitiano. “Si Ariel Henry dimite a las ocho de la mañana, a las ocho y cinco desbloquearemos la carretera y todos los camiones podrán pasar para conseguir combustible”, afirmó el jefe de la organización criminal.
Las declaraciones muestran, según Reuters, cómo las bandas han asumido un papel cada vez más político tras el asesinato en julio del Presidente Jovenel Moïse. Cherizier ha dicho que Henry debería “responder a las preguntas” sobre su presunta vinculación con el asesinato de Moïse. Henry ha negado cualquier implicación.
Las elecciones estaban previstas en principio para noviembre, pero se suspendieron después de que Henry destituyó el mes pasado al consejo que organiza las elecciones, al que los críticos habían acusado de estar predispuesto a favor de Moïse. Henry ha prometido nombrar un nuevo consejo no partidista que fijará una nueva fecha.
Otro problema que está enfrentando el país es el considerable aumento de los secuestros de camioneros, situación que ya era frecuente en 2019, pero que este año llegó a niveles inesperados. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, aseguró que 49 camioneros dominicanos han sido secuestrados en lo que va de 2021.
La crisis también está afectando a la vecina República Dominicana, a la cual llegan muchos haitianos a abastecerse con el carburante, en miras a utilizarlo o revenderlo en su país. Las estaciones de servicio de las localidades fronterizas están intentando evitar que los haitianos lleven cantidades de más, para evitar un desabastecimiento. Por esto mismo, Santo Domingo desplegó a militares en las provincias de Elías Piña y Pedernales, con la intención de resguardar y controlar la distribución de combustibles.
La situación ha aumentado la presión sobre una población haitiana que ya está agobiada por los problemas económicos y una ola de secuestros de pandillas, incluido a principios de este mes el de un grupo de misioneros extranjeros.
El 16 de octubre, una pandilla secuestró en Puerto Príncipe a 17 personas (16 estadounidenses y un canadiense) que participaban de una misión religiosa en el país; en el grupo había tres menores de edad. Los secuestrados regresaban de una visita a un orfanato al este de la ciudad.
El diario The New York Times citó fuentes policiales que responsabilizan del secuestro a la banda armada 400 Mawozo, una de las más peligrosas del país, la cual ha pedido un rescate de un millón de dólares por rehén. Los misioneros, que fueron llevados al barrio de Croix-des-Bouquets, están afiliados a la organización religiosa Christian Aid Ministries. El grupo, que secuestró en abril pasado a 10 personas, ha puesto recientemente su foco sobre las iglesias y las organizaciones religiosas.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, aseguró este martes que Washington ha desplegado un “número significativo” de medios y especialistas para la liberación de los 17 misioneros estadounidenses y canadienses secuestrados en Haití. Sullivan manifestó que el Presidente, Joe Biden, está directamente involucrado en el esfuerzo por rescatar a los misioneros. Reiteró que “todas las opciones posibles” están sobre la mesa para asegurar su libertad.
Cerca de 328 víctimas de secuestro fueron denunciadas a la policía en los primeros ocho meses de 2021, casi 100 más que en todo 2020, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Entre ellas aparecen escolares, sacerdotes, monjas, médicos, policías y hasta buses llenos de pasajeros.
El 15 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad para extender la misión política de la ONU en Haití, mientras el país vive uno de sus peores momentos de la historia, con una pobreza generalizada y con una crisis política endémica que se arrastra desde antes del asesinato de Moïse.
