Rapado y esposado, fue la esposa quien reconoció a Kilmar Ábrego García en los videos compartidos por Nayib Bukele y Donald Trump, luego de las deportaciones masivas de “pandilleros” salvadoreños y venezolanos al Cecot, el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Deportado por error, ahora el padre de familia salvadoreño se encuentra en medio de un conflicto entre el Poder Judicial y Trump, en el que los analistas ven un punto de inflexión en el Estado de derecho de Estados Unidos.

Aun cuando el abogado del Departamento de Justicia Erez Reuveni admitió en una audiencia que no sabía por qué Kilmar Ábrego había sido detenido, el gobierno estadounidense insiste en no querer traer de vuelta al migrante a Maryland, estado donde llevaba más de una década viviendo y en el que su esposa e hijo lo esperan.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tampoco quiere ponerse en contra de Trump, y aseguró que no liberará a Ábrego. En tanto, la jueza de distrito de Maryland, Paula Xinis, sostiene que “cada día que Ábrego pasa en el Cecot constituye un daño irreparable para él”.

La historia de Ábrego García comienza hace 15 años en El Salvador, cuando trabajaba en el puesto de pupusas (comida tradicional de ese país) de su madre. El éxito del local llevó a que la pandilla Barrio 18, una de las más importantes del país, empezara a extorsionar a la familia. En medio de ese contexto, los padres mandaron a Kilmar a Estados Unidos, cuando él era aún menor de edad, llegando en 2011 a Maryland.

Ya en 2016, Ábrego conoció a su esposa, Jennifer Vásquez Sura, y tuvo un hijo con ella, además de hacerse cargo de dos hijos de una relación anterior de la mujer. En 2019 la policía lo detuvo por primera vez, cuando iba camino a su trabajo de obrero, y rechazó las acusaciones de los agentes de que era un pandillero.

Frente a la acusación se le negó la libertad bajo fianza, y después de la lucha de sus abogados quedó registrado que lo único que la policía había tomado como evidencia de su pertenencia a las pandillas es que “estaba usando una gorra y una sudadera de los Chicago Bulls, y un informante confidencial advirtió que era un miembro activo del MS-13 en la Westerns Clique”. Ábrego negó las acusaciones de ser miembro de la MS-13 en Long Island, Nueva York, donde nunca ha residido.

El 12 de marzo de este año fue controlado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en un retén de migración, y le indicaron que su estatus migratorio había cambiado. Lo detuvieron de nuevo, y volvieron a cuestionarlo por sus supuestas conexiones con la mara Salvatrucha. El 15 de marzo, desde una cárcel migratoria en Lousiana, supo que iba a ser deportado a El Salvador. Desde entonces, su esposa no ha hablado más con él, pero a los días vio a Kilmar en los videos que compartieron los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, en directo desde el Cecot con el arribo de más de 200 “pandilleros de la mara Salvatrucha y el Tren de Aragua”.

Las irregularidades y falta de pruebas en este caso lo han vuelto un emblema de las deportaciones masivas de Trump, luego de que el gobierno norteamericano llegara a un acuerdo con el salvadoreño para encerrar en el Cecot a inmigrantes irregulares y delincuentes en general, incluyendo estadounidenses.

Precisamente, el lunes pasado, Nayib Bukele visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, e insistió con la versión del Ejecutivo, asegurando que no piensa devolver a Ábrego. “¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente? La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos”, indicó. Esto, aun cuando la misma administración de Trump aseguró a las cortes federales que Ábrego había sido enviado por un “error administrativo”.

El 4 de abril, la jueza Paula Xinis ordenó el regreso de Ábrego García. Aunque el gobierno desafió la orden, la Corte Suprema se negó a bloquearla, declarando que la administración debe “facilitar” su regreso. Con esa diferencia, el gobierno de Trump está usando la semántica para indicar que “facilitar” no les exige, en concreto, hacer nada. Así, el Ejecutivo espera hasta que El Salvador libere voluntariamente al deportado.

Con esta negativa a poner las cosas en orden, indican los expertos, la administración Trump está desafiando la capacidad del Poder Judicial de obligarlo a hacer algo. En términos concretos, el Ejecutivo cuenta con toda la fuerza para cumplir o no la orden: policías, militares, agencias de migración, entre otras cosas. En tanto, las cortes solo tienen sus documentos.

Hay que recordar que el Cecot, la megacárcel de El Salvador, no es solo un centro de detención. Expertos lo retratan más bien como un centro clandestino estatal que se hace pasar por una institución penal. Construido por el régimen autoritario de Nayib Bukele, alberga hasta 40 mil personas, estando la mayoría de ellas sin cargos ni juicio, en condiciones que organizaciones internacionales de derechos humanos califican de “tortura”.

Los presos son desnudados, golpeados, privados de luz solar y retenidos indefinidamente. No hay contacto con familiares ni abogados y, según informes, hay fosas comunes. Y ese es el lugar donde el gobierno estadounidense envió a un hombre sin antecedentes penales, sin juicio ni debido proceso.

Sarah Yager, de Human Rights Watch, señaló al respecto: “El Cecot no es una prisión en ningún sentido democrático reconocible. Es una herramienta de miedo. Que Trump lo utilice como centro de detención extraterritorial indica una profunda deriva autoritaria”.

El conflicto entre los jueces y Trump escaló el 15 de abril, cuando la jueza Xinis ordenó un proceso acelerado de “descubrimiento de pruebas”: una ofensiva legal para revelar el alcance total de las acciones de la administración Trump. Autorizó las declaraciones de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del ICE y del Departamento de Estado. Esto abre la puerta a una sentencia de desacato, lo que podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes.

Su fallo fue claro: “Cada día que Ábrego García permanece detenido en el Cecot constituye un daño irreparable. Este tribunal no se quedará de brazos cruzados”. Pero la realidad es más difícil que eso: si el Poder Ejecutivo se niega a cumplir, incluso con las sentencias de desacato, el Poder Judicial no tiene la capacidad de hacerlas cumplir.

El senador demócrata por Maryland, Chris van Hollen, que regresó a Estados Unidos este viernes después de reunirse con Kilmar Ábrego García en El Salvador, dijo que la “abducción ilegal” del hombre de Maryland que fue deportado erróneamente a la nación centroamericana debe terminar.

“Es bueno estar en casa. Ahora necesitamos poner fin a la abducción ilegal de Kilmar Ábrego García y traerlo a casa también”, dijo el legislador, que se reunió con Ábrego García el jueves.

Van Hollen reveló que Ábrego García fue trasladado a otro centro de detención hace nueve días. “Ya no está en el Cecot”, dijo el senador. “Está en una prisión diferente que está bastante lejos de San Salvador”.

“Él me dijo ayer que hace nueve días que lo trasladaron a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores (en el Cecot compartía celda con 25 reclusos), pero seguía sin tener acceso a información del exterior y no podía comunicarse con nadie, lo que supone una violación flagrante del derecho internacional por parte de El Salvador no solo en este caso, sino en todos los casos”, señaló el senador.