Cientos de familias se han visto separadas desde que empezó la invasión en Ucrania, tanto de aquellas personas que han abandonado el país, como de las que no se ha vuelto a saber, y cuyos parientes temen que hayan muerto bajo los escombros de edificios bombardeados. Ahora, además, se teme por quienes han sido desplazados forzosamente por soldados rusos, tanto hacia Rusia como Bielorrusia y a los territorios ocupados del este de Ucrania.

El 2 de mayo, el Ministerio de Interior ucraniano ya contaba que su policía había recibido cerca de 7.000 reportes de gente perdida, desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. Según la misma fuente, solo la mitad de las personas ha sido localizada.

El caso es similar con los edificios bombardeados: el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en abril que hasta el momento se habían descubierto 2.000 cuerpos marcados en un principio como “no identificados”, aunque después llegarían a identificar 1.282. Hasta el 30 de abril se habían realizado 927 exámenes de ADN para identificar los cadáveres, y el gobierno ucraniano ya ha solicitado a sus ciudadanos ayuda para conseguir los equipos que permitan estas identificaciones.

Un hombre habla por teléfono mientras está parado al interior de su casa, destruida por un bombardeo, en la ciudad de Irpin. Foto: Reuters

Ya el 27 de marzo, cuando se cumplía un mes de la guerra, las denuncias por desaparición empezaron: un post en Facebook de Olexandra Matviichuk, de Euromaidan SOS, enlistaba un total de 36 activistas, alcaldes, voluntarios, periodistas y figuras públicas que estaban desaparecidas, o que habían sido ilegalmente detenidas por Rusia. “Hemos recibido llamados de activistas de la sociedad civil y sus familiares, que han sufrido amenazas, violencia física, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y otras formas de persecución en Melitopol, Kherson, Berdyansk, Kakhovka, Slavutych y otros sitios”, apuntaba el post.

En la lista, gran parte de los desaparecidos eran autoridades locales, en una acción que ya se había visto antes por parte del Ejército ruso. “En 2014, Rusia ya había llevado a cabo una política deliberada, con el objetivo de ganar el control sobre los territorios ucranianos. Entonces, grupos armados ilegales y prorrusos se dedicaron a eliminar fisícamente a las personas activas que podían resistir pacíficamente la ocupación, y también a expulsarlos de la región”, escribió Matviychuk entonces.

También durante las guerras chechenas hubo desapariciones provocadas por el Ejército ruso y los grupos armados que lo apoyaban. “Es una repetición del guion ruso”, señala Mattia Nelles, una analista política especializada en el conflicto ruso-ucraniano: “Es, definitivamente, un esfuerzo concertado de intimidación, que ahora vemos en las áreas ocupadas, no solo en el sur y el este, sino también en el norte”.

En Crimea, personas tártaras fueron perseguidas durante 2014, entre ellas un activista local y líder que alega haber sido secuestrado por un hombre con el uniforme de la policía rusa. Asimismo, en el Donbás, milicias secuestraron, torturaron y mataron a un miembro de la municipalidad que trató de bajar una bandera de la República Popular de Donetsk.

Estas desapariciones son tanto un intento de forzar la colaboración de la población en las ciudades ocupadas, como un esfuerzo para silenciar e intimidar a los ucranianos que puedan oponerse u organizarse en contra de la ocupación. Tetiana Pechonchyk, directora del Human Rights Centre Zmina, en Kiev, señala en un artículo de Vox que “las desapariciones tienen por fin acabar con la resiliencia de la población local, e inclinar a los alcaldes y miembros activos de la comunidad, para presionarlos a colaborar con los invasores”.

Escombros del Teatro de Donetsk, que se usaba como refugio. Sigue siendo unos de los ataques más mortíferos contra población civil desde que empezó la guerra en Ucrania. Foto: AP

La Misión Observadora de las Naciones Unidas ya documentó 109 casos de detención o desaparición forzada durante la invasión rusa, incluyendo 48 funcionarios locales. Tanto la ONU como otros grupos de DD.HH. confirman que las desapariciones son casi siempre contra miembros de la sociedad civil: voluntarios, activistas, periodistas, líderes religiosos, manifestantes y veteranos militares. Desde el Human Rights Centre Zmina, Anastasia Moskvychova señala que en su organización ha confirmado al menos 100 detenciones arbitrarias, de las cuales 50 personas siguen desaparecidas.

Por su parte, Matviichuk opina que estos números son tan solo “la punta del iceberg”. Con el Centro por las Libertades Civiles ha estado rastreando docenas de casos en que se sospecha de desapariciones forzosas, aunque sigue siendo difícil corroborar evidencia al respecto: aún más en las áreas ocupadas por los rusos. Por otra parte, la familia y los amigos de las víctimas temen hacer pública la información.

Las desapariciones son una violación a los derechos humanos particularmente maliciosa, conocida tanto en Latinoamérica como en la Alemania Nazi y otros regímenes alrededor del mundo. “La negación estatal es parte de la desaparición”, apunta Freek van der Vet, un investigador en ley internacional y derechos humanos de la Universidad de Helsinki: “Si alguien desaparece, las autoridades o las fuerzas ocupantes sencillamente negarán su responsabilidad en eso”.

Desde antes de la invasión, Estados Unidos ya había advertido a las Naciones Unidas de que tenía información creíble de que Moscú estaba preparando listas de ucranianos para ser “asesinados o enviados a campos”. Aunque no se ha confirmado la existencia de estas listas, los observadores señalan que la campaña de desapariciones no ocurre al azar. Eugenia Andreyuk, de la Organización Mundial Contra la Tortura, explica: “Esto no está pasando de una manera caótica o espontánea, se trata de detenciones muy escogidas, y es una política muy planeada, en miras a ganar control sobre la sociedad”.