Después de casi siete décadas de conflicto, la situación en Colombia no ha mejorado durante estos años, donde según indicó la Defensoría del Pueblo, hay 12 focos de violencia en distintas partes del territorio. La crisis, que aumentó con la ofensiva de la guerrilla del ELN en Catatumbo contra una facción de las disidencias de las FARC, ha llevado a que en 2024 la cantidad de desplazados alcanzara las 160 mil personas, según autoridades.

Para entender la magnitud de la crisis, hay que considerar que en la última década, la cifra de desplazados nunca había superado los 70 mil, en medio de los esfuerzos de pacificación y acuerdos con las FARC.

En medio de este escenario, Médicos Sin Fronteras (MSF) se encuentra realizando esfuerzos para asistir en las zonas más golpeadas por la violencia, donde las personas “atrapadas” en los focos se cuentan por decenas de miles. Al tratarse de comunidades muy aisladas, en las que el acceso a servicios básicos como la salud se ve impactada, la ONG llama a que los actores armados protejan a las estructuras médicas y trabajadores humanitarios.

Los esfuerzos han sido más urgentes en las zonas rurales de Catatumbo, en el límite colombiano con Venezuela: ahí, a partir de la segunda semana de febrero, MSF lanzó una “respuesta de emergencia” para atender en una zona en la que más de 50 mil de personas han tenido que abandonar sus hogares. Al mes siguiente, la institución también inició un proyecto en el departamento de Arauca.

La defensora del Pueblo colombiana, Iris Martín, comentó al diario El País: “Hemos evidenciado que los reacomodos, fraccionamientos y expansiones, así como las rupturas y pactos de coexistencia entre los grupos armados, han provocado graves afectaciones a la población civil”. El conflicto se ha reactivado en distintos sectores de Colombia: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, la Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba y Tolima.

El coordinador general de Médicos Sin Fronteras en Colombia, Francisco Otero, indica al respecto: “Estamos muy preocupados por el impacto que el recrudecimiento del conflicto en Colombia está teniendo sobre decenas de miles de personas en varias regiones del país. Nuestros equipos están proporcionando asistencia médico-humanitaria esencial a comunidades aisladas y vulnerables en zonas de muy difícil acceso para organizaciones humanitarias, y con poca presencia del Estado”.

En la región de Catatumbo, indicó la ONG, la crisis explotó en enero, luego de la ruptura de un pacto de no agresión entre dos grupos armados no estatales. Hasta ahora, al menos 98 muertos y 77 mil personas afectadas, entre desplazados y confinados, ha dejado esta situación. Asimismo, las fuerzas militares colombianas han lanzado ofensivas en la región.

En una zona particularmente aislada, Médicos Sin Fronteras ha estado instalando clínicas móviles, siendo una de las pocas organizaciones que obtuvo acceso por las partes en conflicto a zonas de amplia afectación por confinamiento. Así, solo en un mes los equipos de MSF pudieron realizar 1.200 consultas médicas en áreas como Ábrego, Teorama y Tibú: 933 en salud primaria y 112 en salud mental.

La coordinadora médica de MSF en Colombia, la doctora Altair Saavedra, comenta al respecto: “Hemos notado un deterioro en la salud de la población, desde niños con síntomas de desnutrición a pacientes crónicos, con hipertensión o diabetes, que han visto interrumpido su tratamiento. La mayoría de las mujeres gestantes que vimos en consulta no habían iniciado controles prenatales, independientemente de la edad gestacional, y algunos pacientes presentaban cuadros psicológicos severos causados por la incertidumbre ante el desarrollo del conflicto”.

El recrudecimiento de la violencia, en 12 zonas del país, no solo mata y desplaza a civiles, sino que reduce la posibilidad de desarrollar los proyectos de tejido social y reconstrucción de comunidades, que habían empezado luego del acuerdo de paz firmado en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC. Así, la siembra de cacao, paltas y ganadería quedó en vilo, en territorios que esperaban apostarle a la paz.

José Manuel Alba, un profesor universitario en el Catatumbo, explicó a El País: “Son más de 50.000 personas desplazadas en dos meses. El paramilitarismo desplazó a unas 100.000 en cuatro o cinco años. Es una guerra compleja y fratricida. Hay familias con miembros en las dos insurgencias, que terminaron matándose entre ellos”.

“Como organización que guía su acción bajo los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, pedimos a todas las partes en conflicto un acceso seguro a zonas golpeadas por la violencia donde se están registrando necesidades humanitarias no atendidas”, afirma Otero, de Médicos Sin Fronteras.

Al respecto, la institución recuerda que Colombia era el mayor receptor de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en América Latina. “En 2024, Estados Unidos aportó cerca del 68% de los recursos para la respuesta humanitaria gestionada por cooperantes en el país, pero en 2025 decenas de organizaciones y agencias de Naciones Unidas ya se han visto impactadas por recortes. Solo a nivel de salud más de 183 mil personas perdieron acceso a asistencia y 683 mil están en riesgo de verse afectadas según el equipo de organizaciones humanitarias de salud”, señala la institución en referencia a los duros recortes de la administración de Donald Trump a la política de cooperación estadounidense.