Hace una semana, decenas de miles de polacos aparecieron con banderas europeas en las distintas ciudades del país, protestando en contra de las últimas medidas de su gobierno. Convocados por Donald Tusk, el expremier y líder del principal partido de la oposición, los manifestantes defendieron la pertenencia de Polonia a la Unión Europea (UE), sintiéndose amenazados por la última decisión de la corte de justicia nacional, que sin ser una salida total, ha sido llamada por los expertos un “Polexit legal”.
El 7 de octubre pasado, el Tribunal Constitucional en Varsovia decidió que la legislación nacional primaría por sobre el derecho europeo, rechazando así un principio central del bloque: uno de los desafíos más grandes a la Unión Europea en sus casi 30 años de historia, solo superado por el Brexit. Esta es la primera vez que uno de los 27 Estados miembros cuestiona de plano las condiciones del tratado de la UE en una Corte Constitucional.
A pesar de eso, el primer ministro Mateusz Morawiecki ha defendido la decisión de la corte, diciendo que su partido no tiene interés alguno en sacar a Polonia del bloque: “Ese es un mito muy dañino, que la oposición usa debido a su propia falta de ideas sobre el lugar de nuestro país en Europa”, escribió en Facebook como respuesta a las manifestaciones.
Cargando de nuevo contra la oposición por agitar este fantasma, Morawiecki descartó el viernes el riesgo de Polexit, como se ha bautizado a la hipotética ruptura con la Unión Europea. “No nos vamos a ninguna parte”, sentenció, tras acusar a la opositora Plataforma Cívica y, en particular, al expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, de intentar sacar rédito político de la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó la primacía del Derecho polaco por encima del comunitario.
Pero la historia parte de antes: desde la llegada del partido ultraderechista y conservador Ley y Justicia al poder, el año 2015, el país de Europa del este ha estado viviendo una polarización cada vez mayor. Según los expertos, temas como el aborto, los derechos LGBT y la relación con la Unión Europea han dividido a la nación en dos Polonias: una más rural, católica y de mayor edad, que apoya al partido, y una opositora, más joven, mayoritariamente urbana y con mejor acceso a la educación. A diferencia de otros países europeos, el 90% de los polacos se declara católico, aunque un 80% se opone a la intervención de la Iglesia en política.
En este viraje autoritario, la independencia del sistema judicial se ha vuelto un tema clave: en agosto, el gobierno intentó crear una Cámara de Disciplina, parte de una reforma judicial que se encargaba de vigilar a los jueces y quitarles su inmunidad. Esta reforma tuvo que ser retirada luego de las quejas de la UE. “Los cambios introducidos por el gobierno, bajo la excusa de reparar nuestro sistema judicial están incrementando el control político y la influencia sobre ese poder”, sintetiza Blazej Choros, cientista político de la Universidad de Opole, en conversación con La Tercera.
A inicios de este mes, una sentencia de los tribunales europeos dirimió en contra del traslado forzoso que han tenido que vivir ciertos jueces polacos, en los que se les ha separado de sus causas de manera arbitraria.
Choros ve con preocupación la intromisión del Ejecutivo: “Respecto de los estándares democráticos, hay que notar que en nuestro país todas las salvaguardas democráticas están siendo desmanteladas: la independencia del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el control creciente del ministro de Justicia sobre los jueces y, por último, la transformación que ha sufrido la televisión estatal, vuelta una máquina propagandística para el gobierno”.
Esta viraje autoritario ha estado en el centro del conflicto entre la Unión Europea y Polonia, y su capítulo más álgido tuvo lugar el 7 de octubre, cuando los tribunales polacos decidieron hacer primar su ley por sobre el derecho comunitario. Dado que los polacos en general están de acuerdo con ser miembros de la UE, con 80% de apoyo de acuerdo a las encuestas, una salida directa del tipo Brexit no es la mejor estrategia para el partido gobernante.
“Por lo tanto, el gobierno trata de enmarcar la disputa con la UE como una lucha por la soberanía, contra un organismo que ‘ataca a Polonia’. Así, el debate se vuelve más emocional y pierde su esencia: el desmantelamiento de instituciones cruciales”, explica Choros.
Más que un Polexit, lo que buscaría el gobierno de Ley y Justicia sería poder desacatar el derecho europeo para así consolidar su poder dentro del país. Una editorial de The Economist describe la encrucijada polaca de este modo: “El problema no es que Polonia esté tratando de abandonar la Unión, el problema es que pretende quedarse”.
Esto, considera Choros, llevaría a un daño dentro de la comunidad de países: “Es difícil imaginar, en el largo plazo, países dentro de la UE que no cumplan con criterios democráticos. Esto llevará a una salida de Polonia del bloque, o a la erosión y consecuente quiebre de la Unión como la conocemos hasta hoy”.
Marcel van Herpen, director de The Cicero Foundation, un think tank independiente pro-EU, señala que la permanencia en el bloque ha sido crucial para Varsovia: “No solo se han beneficiado de las fronteras abiertas, sino que la Unión ha subsidiado parte de la infraestructura vial de Polonia y ayudado en su modernización. Es el país miembro más grande de Europa del Este, y ha sido crítico con Rusia, aunque en la práctica muestra tendencias autoritarias similares”. De hecho, en agosto de 2020, Rusia cambió su Constitución, para darle prioridad a su ley nacional por sobre el derecho internacional.
Además de eso, la permanencia de Polonia permite fortalecer los lazos económicos con el resto de los países. “Al ser el quinto país más grande de la UE tiene gran potencial para influir en las acciones del bloque, y su membresía no solo mejora sus chances para competir en la economía mundial, sino que mejora su seguridad contra amenazas externas”, señala Choros.
En lo inmediato, este desacato traerá efectos directos para Varsovia, explica Van Harpen a La Tercera. “La consecuencia inmediata de esta acción es que Polonia no recibirá los 36.600 millones de euros reservados para el país, pertenecientes al ‘fondo post Covid-19’. Como sea, si Polonia persevera, podría haber medidas más radicales, incluyendo un Polexit. La primacía del derecho europeo e internacional es una piedra angular de la Unión, y con sus acciones Polonia está atacando las bases de la construcción europea. Esto es inaceptable para el resto de los Estados miembros”, asegura.
