Mediante un discurso presentado ante la Cámara Baja del Parlamento británico, la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, presentó este martes las reformas que adoptará el ente gubernamental para reducir el gasto público frente al lento crecimiento económico del país.
El reajuste significaría el recorte de 5.000 millones de libras (casi 6.500 millones de dólares) en ayudas públicas para personas con problemas de salud física y mental, meta que se espera alcanzar para para 2029-30. Actualmente, 3,6 millones de personas poseen subsidios por discapacidad, que son entregados con el objetivo de financiar gastos relacionados a sus enfermedades, de las cuales un 38% corresponde a trastornos psiquiátricos.
La medida que se utilizaría para limitar la entrega de beneficios sería la modificación del sistema de elegibilidad y los criterios usados para evaluar a los beneficiados por el “pago de independencia personal” (PIP).
Kendall explicó que la reforma busca “arreglar el averiado sistema de beneficios” y reducir los “perversos incentivos” que llevan a individuos a depender del sistema de ayudas públicas y poder cultivar “un sistema pro-trabajo, más proactivo, para aquellos que sí puedan trabajar”, mientras se protege a quienes no, según reportó la BBC.
La medida involucraría también el gasto de hasta mil millones de libras anuales en programas de integración laboral.
El diario británico The Independent informa que hasta un millón de personas podrían sufrir cortes y reducciones en sus beneficios, lo que ha incentivado críticas y cuestionamientos. Anela Anwar, jefa ejecutiva de la organización antipobreza Z2K, expresó al medio que la propuesta es “impactante y peligrosa”.
Por su parte, el exministro de Finanzas en las sombras y actual parlamentario independiente, John McDonnell, declaró que dichos planes del gobierno provocarían “inmenso sufrimiento”. El parlamentario laborista Clive Lewis replicó el sentimiento, mencionando que causarían “dolor y dificultades” a millones.
