Un día antes de cumplir un mes en la Presidencia de Perú, Francisco Sagasti realizó su primera conferencia de prensa este miércoles en el Palacio Pizarro para informar sobre el plan de vacunación contra el Covid-19. Horas antes, los medios locales revelaron que el Mandatario está siendo demandado por 13 de los 18 exgenerales de la policía que fueron pasados a retiro tras las masivas movilizaciones que le costaron el cargo a Manuel Merino, el titular del Congreso que asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra el 9 de noviembre.
Ante el Segundo Juzgado Transitorio de Lima, los exuniformados presentaron una acusación contra el Jefe de Estado y el ministro del Interior, José Elice. Según el diario El Comercio, entre los firmantes aparecen los tenientes generales Orlando Velasco, Jorge Lam y Herly Rojas, que exigen que “se ordene al Ministerio del Interior que disponga la reincorporación de los demandantes a la situación de actividad con los mismos grados, derechos y beneficios que tenían al momento de producirse su pase al retiro”.
En la “acción de amparo”, los generales (r) acusan que la resolución del 24 de noviembre que derivó en su salida de la institución, va contra la Ley de la Policía Nacional de Perú (PNP) y la Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, ya que no cumplió con el “estricto margen de una terna de oficiales de mayor antigüedad”.
La acusación contra el gobernante ha reavivado las tensiones entre el Ejecutivo y la cúpula de la Policía Nacional de Perú (PNP), especialmente tras la reforma policial.
El 9 de noviembre, los peruanos salieron a las calles tras la vacancia de Vizcarra y en rechazo al gobierno interino de Merino. Las protestas se extendieron por una semana en todo el país dejando dos fallecidos, cientos de heridos y una serie de acusaciones de organismos de DD.HH. contra el actuar policial.
Tras el estallido social y la renuncia de Merino, Sagasti asumió el mando pidiendo perdón por los decesos y llevó adelante una restauración en la PNP, que incluyó la designación de César Cervantes como nuevo comandante general tras la destitución de Orlando Velasco. Además, el proyecto impulsó la salida del alto mando y la formación de una comisión especial para la defensa de ciudadanos.
El entonces ministro del Interior, Rubén Vargas -cuya reforma policial provocó una ola de cuestionamientos y derivó en su renuncia- apuntó en una reciente entrevista que su decisión de pasar a los generales a retiro había sido “correcta, constitucional y legal”, debido a que al asumir el cargo encontró “que el alto mando de la policía estaba involucrado en actos de corrupción durante la pandemia y que esto causó la muerte de más de 500 agentes”.
Sin embargo, la denuncia presentada por los exgenerales tilda de “arbitraria e inconstitucional la decisión del Ejecutivo”, y advierte que violó el derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y al honor, afectando su proyecto de vida.
El recurso judicial llega casi dos semanas después de que Sagasti diera una entrevista a RPP Noticias en la que aseguró que “ya se han tomado las decisiones, no hay vuelta atrás en eso”. No obstante, el Mandatario sostuvo que están evaluando un método para que agentes retirados que estaban “totalmente limpios” puedan colaborar de alguna manera con el gobierno.
