A poco más de un mes de que abandone el poder, el Presidente Donald Trump ya está haciendo preparativos y ha discutido con sus asesores si debe otorgar indultos preventivos a sus hijos, a su yerno y a su abogado personal Rudy Giuliani. Así lo señaló el diario The New York Times, que indicó que el Mandatario le ha dicho a otras personas que le preocupa que el Departamento de Justicia durante el próximo gobierno del Presidente Joe Biden pueda buscar represalias en su contra al apuntar a los tres mayores de sus cinco hijos, Donald Jr., Eric e Ivanka, así como al esposo de esta, Jared Kushner, quien ejerce como asesor principal de la Casa Blanca.

La razón por la que Trump estaría preocupado sobre cualquier posible exposición criminal de Eric o Ivanka Trump no está clara, dice The New York Times, aunque una investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre la Organización Trump se ha ampliado para incluir la cancelación de impuestos por millones de dólares en honorarios de consultoría por parte de la empresa, algunos de los cuales parecen haber sido para Ivanka.

Por otro lado, Donald Trump Jr. fue investigado por el fiscal especial Robert Mueller por los contactos que Trump hijo había tenido con rusos que ofrecían información perjudicial sobre Hillary Clinton durante la campaña de 2016, pero nunca fue acusado. Mientras, Kushner proporcionó información falsa a las autoridades federales sobre sus contactos con extranjeros para su autorización de seguridad, aunque el Presidente le otorgó de todas formas una.

El asesor principal de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, Jared Kushner, e Ivanka Trump, la hija del presidente Trump, caminan por el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el domingo 29 de noviembre de 2020, después de bajarse del Marine One al regresar de Camp David. (Foto AP / Patrick Semansky)

La posible exposición criminal de Giuliani tampoco está clara, señala el periódico, aunque fue investigado a mediados de año por fiscales federales en Manhattan por sus negocios en Ucrania y su papel en la destitución del embajador estadounidense allí. La trama estuvo en el centro del juicio político contra Trump.

Esta información se conoce una semana después de que Trump concediera el perdón presidencial a su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, quien fue inculpado de mentir al FBI. Desde entonces la prensa estadounidense comenzó a especular sobre si el Jefe de Estado indultaría a más personas.

A esto se suma la revelación de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra investigando un posible delito relacionado con un esquema de sobornos en el que los conspiradores, no identificados por el momento, habrían ofrecido dinero a la Casa Blanca, o a un comité político relacionado, a cambio de un indulto presidencial.

Según los registros judiciales dados a conocer el martes en un tribunal federal de Washington, después de que la jueza Beryl Howell ordenara que fueran revelados parcialmente, un conspirador “ofrecería una contribución política sustancial a cambio de un perdón presidencial o un aplazamiento de la sentencia”. Así se detalla en los documentos a los que ha podido acceder la prensa local.

Las 20 páginas reveladas también describen cómo dos individuos no identificados habrían presionado a funcionarios de la Casa Blanca en un “plan de persuasión secreto” para obtener indultos, sin registrarse como lobistas, como ordena la ley estadounidense.

No obstante, los documentos no detallan cuándo habría tenido lugar temporalmente la presunta conspiración, ni nombre alguno relacionado o implicado con la misma, excepto que las comunicaciones entre las personas que forman parte de ella (al menos un abogado entre sus miembros) fueron incautadas de una oficina tras un registro que ocurrió en algún momento antes de que terminara el último verano boreal.

Al ser uno de los presuntos involucrados un abogado, se ha argumentado que la información contenida en los más de 50 dispositivos de medios digitales, incluyendo iPhones, iPads y discos duros que fueron incautados en la redada, estaría protegida por los privilegios abogado-cliente, aunque finalmente Howell ha ordenado su revisión, al determinar que este principio no se aplica.