Un total de 14 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Chile, han exigido al gobierno de Venezuela que emita de forma “inmediata” salvoconductos para los seis opositores que se encuentran en calidad de asilados en la Embajada argentina en Caracas, luego que el régimen chavista dictó una orden de captura en su contra.
En una declaración que emanó el miércoles de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente y la que también adhirieron Argentina, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Paraguay, estas naciones reafirmaron su “compromiso con la protección de los Derechos Humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”, así como “el pleno respeto al derecho de asilo diplomático”.
Brasil, que asumió la protección de la legación trasandina tras la expulsión de los diplomáticos por el gobierno de Nicolás Maduro, pero no se sumó a la declaración conjunta, dijo que el ministro de Relaciones Exteriores de su país está trabajando “para posibilitar la concesión de salvoconductos”. “La cuestión de los salvoconductos ha sido objeto de negociaciones de alto nivel con las autoridades venezolanas”, aseveró.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, tras recordar que “cualquier incumplimiento de las normas establecidas en la Convención de Viena implicaría una grave violación del derecho internacional”, aseguró que “las declaraciones internacionales de las autoridades venezolanas al respecto han sido para reiterar que se preservará la inviolabilidad de los bienes”.
Violación del Derecho Internacional
En la declaración -leída por el representante de Uruguay ante la OEA, Raúl Florentín- los países firmantes recordaron que las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo “actos de hostigamiento” contra la legación diplomática, “mediante la presencia intimidatoria de personal armado”.
También detallaron en la legación trasandina que se han producido cortes de energía eléctrica y agua corriente, así como una interrupción en el ingreso de alimentos, medicamentos y agua, algo que “representa una situación de peligro para su vida e integridad personal”.
En este sentido, han afirmado que estas acciones “de hostigamiento y asedio constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional, en particular a los artículos 22 y 25 de la Convención de Viena” que obligan a tomar medidas para proteger a las embajadas diplomáticas.
De la misma forma, los países han recordado que la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 “impone al Gobierno venezolano la obligación de otorgar” la seguridad suficiente para que los asilados puedan abandonar el país “sin que peligre su vida, su libertad o integridad”.
“Los Estados miembros insistieron en el respeto de los Derechos Humanos y las libertades individuales y solicitaron a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela que protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano”, remarcaron, recordando así la resolución adoptada en agosto sobre Venezuela.
Prácticas inaceptables
El ministro de Exteriores argentino, Gerardo Werthein, ha dicho durante la sesión extraordinaria que estas prácticas por parte del Gobierno venezolano, que que ha calificado de “totalmente inaceptables”, no deberían “ser toleradas”, ya que “vulneran de forma flagrante el Derecho Internacional”.
“No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada, ni que los asilados sean sometidos a una estrategia de desgaste física y terror psicológico. Aceptar esta situación nos convertiría en cómplices de la arbitrariedad y abriría la puerta a que esta práctica se repita en cualquier otra misión diplomática de los estados aquí representados”, agregó.
Más tarde, la líder opositora María Corina Machado ha agradecido a Werthein que haya liderado la iniciativa ante la OEA y al resto de países por apoyarla. “Debe restablecerse urgentemente el servicio eléctrico y el acceso a servicios elementales en la Embajada de Argentina bajo custodia de Brasil”, pidió en la red social X.
Los seis venezolanos que se encuentran en la Embajada de Argentina en Caracas son estrechos colaboradores de Machado. Se trata de Magalli Meda, Claudia Macero, Omar González Moreno, Pedro Urruchurtu, Fernando Villalobos y Pedro Martínez Motolla, quienes entraron en la sede diplomática el 20 de marzo tras emitirse una orden de captura en su contra.
Desde entonces, las autoridades venezolanas vigilan la sede diplomática. La ruptura de relaciones entre Caracas y Buenos Aires llevó a la intervención de Brasil, que se ha hecho cargo de la representación argentina en Venezuela.
