A un nuevo escalón subió la batalla legal -y, por cierto, política- que mantiene el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), comandado por el opositor Horacio Rodríguez Larreta, luego de que este último interpusiera una demanda contra el mandatario durante este martes por el delito de desobediencia.
Fernández confirmó que pagará la deuda que la Corte Suprema del país transandino obligó a cancelar a la ciudad porteña, medida que, en un principio, se negó a cumplir. Sin embargo, no lo haría, aseguraron desde el gobierno de la ciudad, como el máximo tribunal obligaba. Además, la Casa Rosada pidió a la corte que revoque su fallo por “arbitrario” y que se aparten los jueces, informó el diario La Nación. En todo caso, los magistrados no tienen previsto reunirse por este asunto hasta febrero.
Según el tribunal, el Estado debía cancelar diariamente un monto de 1.050 millones de pesos argentinos, equivalentes al 2,95% de la coparticipación federal, a la ciudad desde el jueves pasado, compromiso legal que el gobierno nacional “sigue sin cumplir”, acusaron desde la CABA. En cambio, la cuenta porteña sigue registrando el ingreso diario de 500 millones por día, número que correspondía al porcentaje que se pagaba previo al fallo.
Este lunes, Fernández salió a explicar su decisión de apegarse a la ley, pero a su manera. Acusando que la decisión judicial se daba en un contexto electoral y en el que faltan otras aristas por dilucidarse, aseguró que pagaría la coparticipación mediante bonos TX31 a 2031 como “compensación” por los próximos 90 días, “a la espera de un fallo definitivo, o una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”. Es decir, en línea con su argumento inicial para no cancelar la deuda, donde afirmaba que no existía en el presupuesto un ítem que respondiera a ese monto.
Esta fue razón suficiente para que el procurador general de CABA, Gabriel Astarloa, interpusiera una demanda contra el Presidente Fernández, además de otros funcionarios del gabinete nacional, “incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la nación, que han sido notificados de la resolución judicial”, asegura el documento judicial al que accedió el diario argentino Clarín.
Además, el trámite judicial abarcará al Directorio del Banco de la Nación Argentina, así como a los “demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria, en su carácter de agente de transferencia y pago de los fondos de la coparticipación, y/o quienes en definitiva resulten responsables de los hechos que se expondrán”.
Basándose en la supuesta “desobediencia cometida por el Poder Ejecutivo” a un fallo del máximo ente judicial en Argentina, el que “afecta diferentes bienes jurídicos penalmente protegidos”, se lee en el documento, “no se ha cumplido lo resuelto por la Corte Suprema ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora”.
“Quieren hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo”, fueron las palabras del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En un video difundido por él mismo, criticó en duros términos la decisión de pagar en bonos. “Quiebra todo el orden institucional” y es “un atentado contra la democracia”, aseguró el líder opositor de la coalición Juntos por el Cambio.
Una extensa pugna legal
Para rastrear el origen del pleito que mantiene el gobierno nacional con el porteño, es necesario mirar hacia septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández comenzó a girar diariamente el 1,4% de la coparticipación federal, tras quitar un punto de dichos fondos a la CABA vía decreto, y luego gracias a una ley aprobada por el Congreso, consignó Clarín.
A razón de esto, la administración de Horacio Rodríguez Larreta presentó dos reclamos ante la justicia. Por un lado, buscaba la declaración de la inconstitucionalidad de la ley previamente descrita, así como la restitución del 3,5% de los fondos que dejaron de entrar gracias al recorte gubernamental, lo que ascendía a cerca de 252.500 millones de pesos argentinos. Por otro lado, la administración porteña solicitó una medida cautelar para evitar un mayor perjuicio financiero, explicó el mismo medio. Y fue en base a esto último por lo que la Corte Suprema se pronunció a favor de la CABA.
La primera mitad del reclamo está aún por debatirse en el máximo órgano judicial, y gracias a ese argumento, la administración de Fernández se excusó del pago en bonos. De ser favorable para la ciudad autónoma, se debería fijar no solo una nueva distribución de recursos, sino que también la retroactividad de los recursos no percibidos por la capital.
El otro argumento utilizado por Fernández en un inicio fue que los recursos que involucran el pago de la coparticipación no están incluidos en el presupuesto 2023, por lo que se necesitaría modificar la ley. “No están los recursos para poder cumplir lo que no es otra cosa que una medida cautelar”, dijeron fuentes de gobierno al medio argentino La Política Online, cuando el mandatario se negó a acatar el fallo.
“En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”, decía un documento en el que el gobierno se desligaba del pago, haciendo caso omiso a una orden judicial proveniente de la Corte Suprema, lo que desató la furia de Rodríguez Larreta y parte de la oposición.
Luego de que el PRO redoblara su ofensiva contra el gobierno por incumplir el fallo de la Corte Suprema que obligaba a devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados formalizó este martes el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, medida que había dejado en suspenso luego de que el Presidente planteara la posibilidad de saldar ese porcentaje con bonos, una opción que finalmente consideraron como “un ardid malicioso para solapar la desobediencia”.
El proyecto de resolución lleva la firma de 33 de diputados y se precisa que el pedido de enjuiciamiento es por “mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
“Eso es una locura, ¿cómo va a pagar con bonos? Que les pague con bonos a las provincias kirchneristas si quiere. La corte ordenó que día por día transfiera automáticamente el porcentaje de 2,95%”, dijo el diputado Pablo Tonelli a Clarín, en referencia a la provincia de Santa Fe, a la que le pagó en bonos durante la gestión de Martín Guzmán, antecesor en la cartera de Economía del actual ministro Sergio Massa.
Fue precisamente Guzmán quien creó los bonos TX 31 para saldar la deuda con Santa Fe. “Instruí a la jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, dijo Alberto Fernández en Twitter.
Pero para el ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el método es equivalente a querer “hacer trampa”, pues, según Horacio Rodríguez Larreta, el fallo “es clarísimo”. “El Presidente desconoció, no cumple, un fallo de la Corte Suprema. No hay antecedentes desde la vuelta de la democracia. (…) Viola el Estado de Derecho, la división de poderes, es realmente un atentado contra la democracia”, aseguró el economista.
El pago del 2,95% de la masa coparticipable “se hace a través de transferencias del Banco Nación, como con todas las provincias de Argentina, y lo debe hacer de forma directa, diaria y en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, lo dice explícitamente. Esto no es interpretable”, cuestionó el político opositor.
“Vamos a seguir defendiendo lo que corresponde. Los fallos están para cumplirlos, no para interpretarlos”, cerró.
