La tensión política en Bolivia ha experimentado una escalada en los últimos días, con la toma de tres cuarteles militares durante la tarde del viernes por parte “grupos armados afines” al expresidente Evo Morales, según denunció el actual mandatario Luis Arce.
La toma de las unidades militares fue precedida por 19 días de bloqueos en las principales rutas del país y protestas conducidas por adherentes de Morales.
Según un balance realizado por Arce el pasado miércoles, los bloqueos han generado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares y 70 heridos, incluyendo a 61 funcionarios policiales
Entre las principales causas esgrimidas por los manifestantes se encuentra la situación económica de Bolivia, sumado al rechazo al actual gobierno y a lo que califican como “persecución política” de la administración de Arce hacia Morales.
El senador Leonardo Loza -afín a Evo Morales- emplazó al gobierno en los primeros días de protestas aseverando: “Si quieren diálogo, digan que Evo Morales está habilitado para ser candidato a la Presidencia. Si quieren diálogo, levanten los ocho procesos contra Evo Morales”.
Este sábado, además, el líder cocalero ha solicitado a sus seguidores detener el bloqueo de las rutas para evitar un “derramamiento de sangre”.
Asimismo, anunció que iniciará una huelga de hambre que se extenderá “hasta que el gobierno acceda a establecer mesas de diálogo”.
El otrora Presidente ha insistido en repostular al cargo en las elecciones de 2025, pese a que se encuentra inhabilitado para ello. Adicionalmente, cuenta con varias causas judiciales abiertas, entre ellas, una denuncia por presunto abuso de menores y trata de personas por una relación que habría tenido con una menor de 16 años mientras era Presidente y de la que habría nacido una niña.
A su vez, el gobierno lo ha acusado de disparar a la policía durante un operativo antidroga. Morales, por su parte, calificó el hecho como un atentado en su contra y aseguró que el vehículo en el que se transportaba recibió al menos 14 disparos.
