Escuchas, corrupción y amenazas a la prensa: la trama tras la grave crisis institucional en la justicia peruana

Juez César Hinostroza: Porque es menor de edad la chica seguro ¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? Once añitos….

NN: (…)

Juez César Hinostroza: ¿Pero está desflorada?

NN: (…)

Juez César Hinostroza: Ya... ¿Pero quién le ha hecho eso?

NN: (…)

Juez César Hinostroza: Ya, yo voy a voy a pedir el expediente para verlo ¿Ya?

NN: (…)

Juez César Hinostroza: ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué le bajen la pena o lo declaren inocente?

El diálogo corresponde a la transcripción del audio número 10 de la trama Lava Juez que publicó IDL-Reporteros el pasado 8 de julio, y se condice con una conversación telefónica sostenida el 4 de abril por el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Lima, César Hinostroza.

Pese a que en el audio no se establece con quien conversa Hinostroza y lo que esta persona le comenta, queda de  manifiesto cómo el juez evalúa con ella posibles rebajas de condenas y hasta una potencial absolución a un individuo que habría abusado de una menor de 10 u 11 años.

Este es uno de los hechos que han destapado un verdadero escándalo de corrupción en Perú. La hasta ahora treintena de audios de conversaciones que involucran a jueces del Consejo Nacional de la Magistratura con presuntas negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, ha calado profundo en una sociedad que se ha manifestado con fuerza en contra de los actos de sus autoridades, que califican como negligentes.

La situación, además, viene a recordar una historia de irregularidades. Lo ocurrido en 2000 con el presidente Alberto Fujimori, la reciente renuncia en marzo de este año del mandatario Pedro Pablo Kuczynski y la suspensión del legislador Kenji Fujimori en junio.

En medio de este caso, durante la jornada de ayer jueves, dejaron sus cargos el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura- quien llevaba sólo tres días en el cargo- y otros dos miembros de aquel organismo encargado de la designación de jueces y fiscales en Perú.

La serie de renuncias, además, sucede luego de que el pasado miércoles el Poder Judicial se declarara en estado de emergencia por un periodo de 90 días. Aquello, como se detalló en su momento, implicaba una reorganización de sus órganos administrativos.

Los sucesos denunciados, obligaron al Consejo Nacional de la Magistratura peruana a acordar diferentes acciones: reorganizar completamente su orgánica -con énfasis en las comisiones de nombramiento-, disponer medidas cautelares de suspensión indefinida en contra de algunos miembros, abrir procesos de vacancia y aceptar renuncias de consejeros.

Fijaron como fecha límite, además, el 24 de julio para la determinación final "que debe tomarse en el proceso disciplinario abierto al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales".

La investigación de los diversos sucesos vino acompañada de otra denuncia.

Los medios de comunicación que dieron pié para que comenzaran las pesquisas (el portal IDL- Reporteros y el equipo del programa Panorama), aseguraron estar recibiendo hostigamientos para revelar quiénes les habrían entregados las grabaciones que comprometen a quienes hoy están siendo indagados, lo que para ellos constituye un grave atentado contra la ética periodística.

En primera instancia se les dijo que de no aportar con los antecedentes que se les solicitaban, serían procesados por el "delito de desobediencia a la autoridad", lo que posteriormente quedó sin efecto.

Pese a los amedrentamientos y agresiones de los cuales serían víctimas, como cuenta a La Tercera la periodista Jacqueline Fowks, quien integra la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, los periodistas de IDL- Reporteros "están trabajando muchísimo. Han recibido mucho apoyo ciudadano y en las redes sociales".

"El día que llegó un fiscal y cuatro policías a querer llevarse el material, que fue una diligencia ilegal, salió de inmediato en todos los canales. Una señora que es vecina de la redacción vio eso y apareció en la puerta con una torta para agradecer a los periodistas el trabajo que estaban haciendo. El teléfono fijo de la oficina no para de sonar con llamadas de decenas de ciudadanos que quieren contarles sus malas experiencias en el Poder Judicial o en el Consejo Nacional de la Magistratura", cuenta Fowks.

Además, agrega que "ellos merecen todo el apoyo ciudadano para que sigan haciendo públicas las pruebas de la red de corrupción del sistema de justicia ligado a un par de sectores políticos"

Esta situación ha provocado que desde diferentes agrupaciones de periodistas salgan a manifestar su respaldo a los mencionados equipos. El 17 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) instó a las autoridades peruanas a cesar el hostigamiento.

Junto con la presentación de representantes de la Fiscalía y de la policía en las oficinas de IDL- Reporteros el 10 de julio, las citaciones cursadas el día 12 a Gustavo Gorriti (director de IDL- Reporteros) y a Rosana Cueva (directora del programa Panorama), fueron consideradas como "evidentes intentos de intimidar a la prensa y silenciar el periodismo".

Como declaró por medio de un comunicado la coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, "las autoridades peruanas deben respetar el derecho de los medios a apoyarse en fuentes e información confidenciales para ejercer su vital papel de fiscalizar y frenar la corrupción".

El respaldo se manifestó también con una vigilia realizada la noche del miércoles a las afueras del medio que dirige Gorriti, donde la consigna fue "libertad de expresión, libertad de información". En el lugar el periodista peruano agradeció el apoyo que han recibido y alentó a sociedad a que se exprese.

"Yo creo que es muy importante que la sociedad civil pueda expresarse adecuadamente, es la continuación de lo que nosotros estamos haciendo, pero lo que IDL- Reporteros debe seguir haciendo es fundamentalmente periodismo de investigación", manifestó.

El periodista explicó la labor que han realizado, insistiendo que "los periodistas, somos parte de la sociedad, parte importante... trabajamos para ella. Hemos dado al Estado el conocimiento y la oportunidad para actuar. Si ellos lo hacen o no lo hacen va a depender de ellos pero van a tener que rendir cuenta a la población. Acá hay un problema grave de corrupción en la institución y el Estado. Estamos demostrando lo que hay en el Poder Judicial, seguramente vamos a demostrar cosas importantes sobre la Fiscalía, está lo del Consejo Nacional de la Magistratura, que es obvio, pero también en el Congreso".

La noche del jueves 19 de julio, se registró una nueva manifestación de apoyo hacia los comunicadores y de rechazo a quienes han señalado como un "Congreso dictador y corrupto". Cientos de personas marcharon por las calles, ante un alto contingente policial.

La última información ligada a este caso dice relación con los estrechos lazos que unirían a quien hoy fue nombrado como nuevo fiscal de la nación, Pedro Chávarry, con el ex presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Lima, César Hinostroza, el mismo que "negociaba" una posible pena para un presunto violador.

En una conversación que habrían sostenido en febrero pasado, contenida en el audio 39 difundido por IDL-Reporteros, Hinostroza le pedía a Chávarry, en ese entonces presidente de la Academia de la Magistratura, que lo ayudara a no "tener contratiempos" por tener denuncias archivadas por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros.

Como se escucha en medio de la conversación, Chávarry se mostraba dispuesto a analizar las acciones a seguir pues, estaba "dispuesto" a cambiar la situación que lo aquejaba. Entrevistado por el mencionado medio, eso sí, aseguró que "el audio no ha sido interpretado bien (…) Yo ya le di cuenta a mis pares, y no encuentran algo irregular".

Alrededor de 500 son las investigaciones que ha publicado este medio digital dedicado al periodismo de investigación, encabezado por el director Gustavo Gorriti e integrado por los periodistas Romina Mella y Antonio Tello.

Esta unidad de investigación, conformada también por algunos colaboradores, aborda principalmente casos de corrupción, narcotráfico, seguridad interna y temas corporativos. Han aportado antecedentes en casos tan relevantes como Lava Jato y Odebrecht, y se han vinculado con la defensa de los derechos humanos y la democracia.

No es primera vez que el director de este medio se enfrenta a autoridades. En 1992 el periodista fue secuestrado por militares en medio del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Antes, Gorriti vio de cerca cómo las ramas del terrorismo se adentraron en Perú, con la cobertura que hizo para la revista Caretas a los pasos del grupo Sendero Luminoso.

El periodista de 70 años ha recibido importantes reconocimientos internacionales, como el premio María Moors Cabot y el Rey de España. También, en 2005, fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).