El Ministerio de Igualdad de España planea llevar el próximo martes 17 de mayo la reforma de la ley del aborto al Consejo de Ministros para su aprobación en primera lectura. El texto posee medidas como el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a las menores de 16 y 17 años de forma “autónoma”, es decir, sin la aprobación de los padres. De este modo, se derogaría el principal cambio que implementó Mariano Rajoy en 2015, para volver a lo que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

La propia ministra de la cartera, Irene Montero, ya había adelantado gran parte del contenido de esta iniciativa el pasado mes de febrero. En esa oportunidad, se señaló que se buscaba garantizar que el derecho pueda ejercerse en el sistema público. “Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos”, dijo entonces Montero.

El diario El País explica que, en los hospitales públicos, el acceso a la realización de un aborto se ha visto interrumpido en los últimos 30 años por cuestiones como la objeción de conciencia de los profesionales médicos. Ante esto, el texto también incluye la creación de un sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en la ya aprobada Ley de Eutanasia.

“Es imprescindible que todos los centros con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con profesionales que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo”, “respetando escrupulosamente” también el derecho a la objeción de conciencia, aludió entonces.

En este sentido, la reforma recoge que será la mujer quien decida el método de interrupción del embarazo y en el centro de salud le darán la información necesaria para poder tomar esa decisión. Además, se eliminará la obligación de reflexión de tres días.

El borrador también mantiene los plazos: el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ahí y hasta la semana 21, podrá realizarse lo que se conoce como un aborto terapéutico, es decir, una interrupción por causas médicas, como malformación del feto o peligro para la vida de la madre.

El texto, según indicó Montero, incluye, asimismo, medidas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como una mejora de la atención, un avance en el reconocimiento de permiso maternal preparto o actuaciones para prevenir y erradicar la violencia ginecoobstétrica.

La responsable de Igualdad explicó que, con esta norma, “la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos”.

En este sentido, la ley abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres “sigan siendo enormemente costosos” o el posible desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina para que las mujeres no sean las que siempre asuman la responsabilidad en esta materia.

Dentro de esta reforma también se ha tratado la posibilidad de que exista una licencia laboral por dolores menstruales severos, para que las mujeres con este cuadro médico se queden en casa o se flexibilice la jornada laboral.

Según adelantó la Cadena Ser, el borrador del Ministerio de Igualdad recogería, entre otras medidas, que se considere violencia la gestación subrogada. En consecuencia, se podría perseguir judicialmente a quienes hagan uso de los llamados “vientres de alquiler” en el extranjero para tener un hijo.

Fuentes del Ministerio de Igualdad reconocieron al diario El Mundo que el borrador de la reforma del aborto está muy avanzado, aunque recalcan que aún continúan las negociaciones con los tres ministerios implicados (Salud, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y que quedan por cerrar asuntos “importantes”. Estas fuentes rechazan, no obstante, revelar cuáles son esos temas que aún permanecen abiertos.

De igual modo, el borrador contempla rebajar el actual IVA del 10% para los productos de higiene femenina u ofrecer artículos gratuitos para mujeres en riesgo de exclusión social, según la Cadena Ser. Todavía se encuentra en discusión una reducción a 0% de IVA para compresas, tampones o pañales de bebé.

Durante estos meses, Igualdad ha manifestado su voluntad de que las mujeres puedan tener licencia a partir de la semana 36 de gestación. Sería un permiso retribuido hasta dar a luz. Asimismo, el ministerio ha propuesto que haya al menos tres días de licencia para las mujeres que se hayan sometido a un aborto.

En todo caso, el proyecto tiene un camino legal que puede ser complejo. Por un lado, de aprobarse la norma tal y como está redactada en el borrador, quedaría configurada como una nueva ley y no como una reforma de la anterior, ya que introduce una disposición que deroga la normativa previa, explica el diario El País.

En junio de 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la ley de Salud Sexual y Reproductiva, y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Posteriormente, el Partido Popular presentó un recurso que aún se encuentra pendiente y que el Tribunal Constitucional se comprometió a resolver en los próximos meses.

Considerando que el proyecto de ley que prepara el gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha empezado a tramitarse en el Congreso de los Diputados, si la sentencia del Constitucional rechazara el recurso del PP y avalara la ley de plazos de 2010, la nueva iniciativa legislativa del gobierno tendrá un camino libre en el Congreso, dice el diario El País.

Pero si el fallo declara inconstitucional la ley de 2010 por considerar que no se protege el derecho a la vida del no nacido (argumento empleado en el recurso del PP de hace 12 años), entonces tampoco se podrá tramitar la nueva norma, que mantiene la interrupción libre del embarazo en las 14 primeras semanas. Antes de aprobarse esa iniciativa ya sería inconstitucional.

Por otra parte, dice el periódico español, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional dejara sin resolver el recurso (sabiendo que hay una nueva ley en camino), tendrá que manifestarse cuando esté aprobado el nuevo texto, porque quien recurrirá de nuevo la iniciativa será el partido de extrema derecha Vox. En ese caso, el tribunal contará para su veredicto con una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores.