El gobierno de España está preparando el lanzamiento de la primera aplicación en el país para restringir el acceso de niños y jóvenes a contenidos pornográficos por internet. La app contaría con un sistema para verificar la mayoría de edad de los usuarios que quieran acceder a plataformas de adultos, y entrará en funcionamiento este mismo año, según información de Radio Francia Internacional.
El sistema de verificación consistirá en que los usuarios mayores de 18 años tengan un carnet digital con credenciales que expiran a los 30 días y permiten hasta 30 accesos a sitios pornográficos. Ello, con el objetivo de reducir el creciente consumo de porno entre niños y adolescentes, como explicó el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública de España, José Luis Escrivá: “Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a suponer ningún problema”.
Así, el usuario descargará la aplicación y solicitará que emita la credencial de que es mayor de edad. Cuando ya la tenga en su celular, podrá entrar en una página de contenido para adultos. Finalmente, la web le ofrecerá un QR para que la persona presente la evidencia de que efectivamente tiene en el celular la credencial de mayoría de edad. Los individuos podrán usar tres veces la misma credencial dentro de la misma plataforma.
La aplicación en su versión beta estará lista a fines del verano español y garantizará el anonimato y privacidad de los usuarios, según el gobierno, porque solo se certificará la fecha de nacimiento. Además, la verificación se realizará en dos pasos para evitar que los menores accedan a través de los dispositivos de adultos. Este nuevo sistema será obligatorio, inicialmente, para las plataformas de intercambio de videos establecidas en España, donde esta medida ha sido una de las noticias más comentadas en redes sociales.
No obstante, la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, subrayó que desde el ministerio son “mucho más ambiciosos”. En esa línea, pidió la colaboración del resto del sector de la industria y remarcó la utilidad de este sistema para aplicaciones de mensajería y tiendas virtuales, entre otros. La medida fue anunciada por primera vez en enero pasado, cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, alertó en una entrevista con el diario El País sobre el acceso por parte de adolescentes a contenidos pornográficos y lo definió como una “auténtica epidemia”.
“Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno. Casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años lo consumen. Y esto no es puritanismo. Esto afecta a la formación de nuestros adolescentes y también a los comportamientos futuros que puedan tener en un tema tan trascendental como es la igualdad”, afirmó Sánchez en esa entrevista.
Sin embargo, no se trata de una medida completamente anónima debido a que los datos quedan registrados por el gobierno, según Eduardo Cruz, experto en ciberseguridad y fundador del control parental Qustodio. “La Administración sabe quién solicita los accesos. Es por ello que el usuario necesita mostrar un certificado digital o DNI electrónico para sacarse el carnet con los bonos. Cuando dicen que es anónimo, se refieren a lo que rastrean las aplicaciones y a las webs”, señaló, según consignó el diario español El Mundo.
El experto en ciberseguridad añadió: “Existe el peligro de que la información de quién pide el carnet y cuántos uso hace se filtre, algo que es una constante en este país (España) porque la Administración pública no es confiable en la custodia de secretos y datos privados. Y, aunque lo haga, el sistema no está exento de riesgos remotos, como los ciberataques”.
En España, la cuestión sobre cómo regular la pornografía está sobre la mesa desde hace algunos años. En el acuerdo de coalición del gobierno anterior entre el PSOE y Unidas Podemos, se estableció explícitamente que se promovería una “protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía, sujeta a las medidas más estrictas en línea con la nueva normativa audiovisual del Parlamento Europeo”, consigna El País.
Según datos de organizaciones expertas citados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular en España, y el 53,8% de los jóvenes entre 12 y 15 años afirma haber visto pornografía por primera vez entre los 6 y 12 años. Y la facilidad de su consumo a través de dispositivos como tablets o teléfonos móviles, la circulación de videos en redes sociales o la navegación online sin supervisión adulta solo aumenta la dificultad para impedir que se vean expuestos en un primer momento, y que puedan consumirlo deliberadamente después, explica elDiario.es.
Además, gran parte del contenido de los videos porno muestra escenas de sexo violento, la mayoría de las veces, hacia las mujeres. Y los expertos apuntan precisamente a este tipo de porno como uno de los factores que están detrás del aumento de la violencia sexual entre menores. La memoria anual de la Fiscalía señaló un crecimiento del 45% de los delitos de agresión sexual en niños y adolescentes en el último año, y un 116% desde 2017.
Con esta nueva aplicación, el objetivo de España es liderar la batalla para impedir el acceso a contenidos explícitos por parte de los menores. Una batalla aún incipiente y que se libra también en otros países europeos y desde la propia Unión Europea. De hecho, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, pidió el mes pasado explicaciones a los sitios pornográficos Pornhub, Stripchat y XVideos sobre las medidas que adoptan para proteger a menores de edad y prevenir la difusión de contenidos ilegales y de violencia machista, según información de la cadena France 24.
Las tres plataformas debían presentar antes de este jueves “detalles sobre los mecanismos de verificación de edad” a la UE, de acuerdo con un comunicado publicado por la Comisión. Pornhub, Stripchat y XVideos están sujetos desde finales de abril a normas reforzadas en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), que les exige informar sobre medidas para mitigar los riesgos relacionados con el uso de sus servicios.
El DSA también exigió que estas plataformas actuaran “con prontitud” para eliminar cualquier contenido ilícito tan pronto como tengan conocimiento de este e informen a las autoridades judiciales cuando sospechen de un “delito penal grave2. La Comisión también solicitó a los tres sitios “información detallada” sobre su organización interna, para garantizar su cumplimiento de la legislación vigente en el bloque.
