Estados demócratas llevan a la justicia medida de Trump sobre nacionalidad por nacimiento

Estados liderados por demócratas y grupos de derechos civiles han presentado las primeras demandas que desafían los decretos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó después de asumir el cargo, incluida una que busca revertir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.

Una coalición de 18 estados liderados por demócratas, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, presentaron el martes una demanda en un tribunal federal de Boston argumentando que el intento del presidente republicano por poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento es una violación flagrante de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda siguió a un par de casos similares presentados por la Unión Americana de Libertades Civiles, organizaciones de inmigrantes y una futura madre en las horas posteriores a que Trump firmó el decreto, marcando el primer litigio importante que desafía partes de su agenda desde que asumió el cargo el lunes.

“Los fiscales generales estatales se han estado preparando para acciones ilegales como esta, y la demanda inmediata de hoy envía un mensaje claro al Gobierno Trump de que defenderemos a nuestros residentes y sus derechos constitucionales básicos”, dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, en un comunicado.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las demandas, que fueron presentadas en tribunales federales en Boston y Concord, en Nuevo Hampshire, apuntan a una pieza central de la amplia represión de la inmigración de Trump, una medida que ordena a las agencias federales no reconocer la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en Estados Unidos de madres que están en el país ilegalmente o están presentes temporalmente, como los titulares de visados, y cuyos padres no son ciudadanos o residentes permanentes legales.

Se esperan más demandas de estados liderados por demócratas y grupos de defensa que desafíen otros aspectos de la agenda de Trump, con casos ya presentados que cuestionan el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk y una orden que el republicano firmó debilitando las protecciones laborales para los funcionarios públicos.