La administración de Joe Biden está tratando de involucrar a los países sudamericanos para ayudar a detener una nueva ola de migración controlando el flujo de migrantes hacia el norte, dijeron los funcionarios, enfatizando que todos los países latinoamericanos tienen un papel que desempeñar.
Como parte del esfuerzo, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reunirá este miércoles con sus homólogos de países latinoamericanos en Bogotá, Colombia. La reunión se produce cuando la administración ha lidiado más recientemente con la afluencia de migrantes de la región, incluidos los de Haití, que huyen de condiciones peligrosas allí y otros que buscan refugio de la agitación económica y política en Venezuela.
“Hay un flujo migratorio sin precedentes a través del hemisferio occidental en este momento, y vamos a hablar sobre nuestra responsabilidad compartida para la gestión humanitaria de la migración”, dijo Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Diecisiete países del hemisferio estarán representados virtualmente o en persona en la reunión, incluidos funcionarios de Argentina, Brasil, Canadá, Chile y México, dijeron funcionarios colombianos.
La visita de Blinken a Colombia y una parada el martes en Ecuador siguen a una oleada de haitianos, la mayoría de los cuales habían estado viviendo en Chile y Brasil, a la frontera de Estados Unidos el mes pasado. Unos 30.000 haitianos cruzaron la frontera hacia una pequeña ciudad del oeste de Texas y fueron retenidos bajo un puente durante días, lo que llevó a Estados Unidos a comenzar las deportaciones.
La administración ha estado en conversaciones con los gobiernos de Chile y Brasil, mientras Washington intenta enviar de regreso a los haitianos en Estados Unidos que anteriormente habían residido en esos países, según funcionarios de los tres países. Estados Unidos también ha explorado la idea de proporcionar fondos a Colombia, que ya ha acogido a unos dos millones de migrantes venezolanos y que Estados Unidos espera que pueda acoger a más inmigrantes, dijeron las autoridades.
En general, los funcionarios estadounidenses están considerando una combinación de incentivos económicos, esfuerzos diplomáticos persuasivos y advertencias públicas para ayudar a controlar el flujo de migrantes hacia la frontera sur. En una reunión anterior centrada en la migración en San José, Costa Rica, Blinken enfatizó la idea de un “derecho a permanecer” en el país de origen. Estados Unidos ha adaptado el financiamiento en la región para ayudar a la policía en países menos seguros, apoyar las instituciones democráticas y aumentar las tasas de vacunación durante la pandemia.
Subrayando los peligros en Haití, un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses fue secuestrado durante el fin de semana por una pandilla que pide US$ 1 millón por cada uno para su liberación, un total de US$ 17 millones, dijo un funcionario haitiano. Estados Unidos ha enviado investigadores de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a Haití para tratar de ayudar a obtener su liberación.
En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro encarceló a seis exejecutivos de Citgo Petroleum Corp, una refinería con sede en Estados Unidos que el Estado venezolano alguna vez controló, en aparente represalia por la extradición a Estados Unidos de un empresario venezolano acusado de lavado de dinero. Cinco de los seis tienen ciudadanía estadounidense.
Para el gobierno de Biden, el problema y los desafíos migratorios en América Latina representan una potencial responsabilidad política. La administración asumió el cargo prometiendo adoptar un nuevo enfoque de la migración, que implicaba mejorar las condiciones en los países de origen de los migrantes e inducir a otros países de la región a compartir la carga de aceptar refugiados. Pero esa estrategia se ha estancado en medio de un aumento histórico de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo. En cambio, la administración se ha concentrado en medidas para disuadir a más inmigrantes de venir.
El predecesor del Presidente Biden, el expresidente Donald Trump, hizo de detener el flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera una parte central de su mensaje a los votantes preocupados por la seguridad nacional y la competencia por empleos en Estados Unidos.
En septiembre, la administración Biden comenzó a deportar a muchos migrantes haitianos que ingresaban a Estados Unidos de regreso a Haití bajo una autoridad de la era de la pandemia conocida como Título 42, lo que generó críticas de compañeros demócratas y defensores de la inmigración, quienes dicen que las vidas de los migrantes estarán en peligro. La mayoría de los enviados de regreso a la nación isleña no habían vivido allí durante años y muchos tenían hijos con ciudadanía chilena o brasileña.
En total, la administración ha deportado a más de 7.500 haitianos hasta ahora, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, lo que la convierte en una de las operaciones de deportación a mayor escala en los últimos años.
Decenas de miles de haitianos más que se dirigían a la frontera sur de Estados Unidos están atrapados en cuellos de botella en Colombia, Panamá y México.
“No es algo en lo que señalamos al país X y decimos: ‘Debes hacerlo mejor’”, dijo Nichols a los periodistas. En cambio, todos los países “deben hacer más para promover la migración segura, humana y regular”, y para contrarrestar a los traficantes, al tiempo que se aseguran de que los migrantes potenciales no se sientan presionados a abandonar sus países de origen.
Antes de la reunión del miércoles, la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez dijo a los periodistas en Bogotá que los países deben trabajar para “contener a sus propios migrantes, mejorar los controles, pero también encontrar soluciones estructurales de desarrollo, progreso y trabajo”.
Washington se enfrenta a un cambio radical en los patrones de migración este año impulsado por la pandemia y por los disturbios políticos en América Latina. Por lo general, la mayoría de los migrantes que intentaban cruzar la frontera sur ilegalmente eran mexicanos, y desde aproximadamente 2014 provienen de los aproblemados países centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidos colectivamente como el Triángulo del Norte.
Los migrantes de América del Sur y el Caribe se han presentado en la frontera entre Estados Unidos y México en números que se han acelerado en los últimos seis meses. En el año fiscal del gobierno que comenzó en octubre de 2020 hasta agosto, aproximadamente uno de cada cinco migrantes provenía de países distintos de México y el Triángulo Norte. Tan recientemente como en 2007, estos migrantes representaban menos del 1%.
