El Presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció este viernes un golpe de Estado "en marcha" tras un motín de policías en tres ciudades, que estalló mientras la oposición exige su renuncia casi tres semanas después de su polémica reelección.
"Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho", tuiteó el presidente izquierdista indígena, cuyo gobierno había descartado poco antes enviar a los militares a someter a los policías amotinados.
Más temprano, la Cancillería boliviana publicó un comunicado, fechado el 7 de noviembre, denunciando la situación.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia informaron que el comunicado fue emitido el jueves, pero que no se pudo publicar hasta ahora por "dificultades técnicas" en su web.
El comunicado se difundió tras los motines policiales en varias partes del país, una sublevación que el mando policial minimizó y ante la que el Gobierno aseguró que no tiene previsto movilizar a las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo de Evo Morales denuncia este intento de golpe de Estado desde que tras las elecciones del pasado 20 de octubre la oposición anunció fraude en el recuento que le dio la victoria, exigiendo su renuncia y la convocatoria de nuevos comicios.
La nota advierte de que los opositores "impulsan un plan de golpe de Estado con la toma de la Casa Grande del Pueblo", la sede del Gobierno boliviano en La Paz.
El texto culpa expresamente a Luis Fernando Camacho, líder del comité cívico de la región oriental de Santa Cruz, y al expresidente Carlos Mesa (2003-2005), de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, de estar detrás de este intento.
El Gobierno de Morales les atribuye la "confusión generada" en el país por sus denuncias de fraude electoral "aún sin presentar pruebas" y sin esperar a la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA), que asegura el Ejecutivo que se prevé que termine el próximo día 13.
"Las denuncias de fraude solo fueron argumentos para generar caos y enfrentamiento entre bolivianos, con el objetivo de derrocar al Gobierno constitucional", añade.
El Ejecutivo reprocha a los opositores la violencia en el país y expresa su confianza en "el rol de la comunidad internacional para coadyuvar en la preservación del orden constitucional en el país".
Grupos de ciudadanos se concentran frente a comisarías y cuarteles militares en varias partes de Bolivia, para pedir a los uniformados que estén al lado del pueblo, con la quema de fotos de Evo Morales en algunas concentraciones.
Esta situación se produce en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia desde las elecciones.
Morales ha llamado en los últimos días a sus seguidores a defender el triunfo que le dio el órgano electoral, advirtiendo del intento de golpe de Estado, una denuncia recurrente desde que gobierna cuando surgen situaciones críticas a su gestión.
Al menos tres personas murieron en enfrentamientos entre afines y contrarios al presidente en disturbios desde el día después de los comicios, en los que hubo 383 heridos según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
