Evo Morales dimite y Bolivia queda partida en dos

"Estoy renunciando para que nuestros hermanos dirigentes no sean perseguidos. Lamento mucho este golpe cívico. Quiero decirles hermanos, la lucha no termina acá. Mi pecado es ser dirigente sindical, es ser indígena. Mi pecado es tal vez ser cocalero". Así, Evo Morales puso fin a más de 14 años de gobierno, presionado por las protestas que exigían su dimisión tras acusaciones de fraude electoral el pasado 20 de octubre, en su tercera reelección consecutiva.

La salida del mandatario deja a Bolivia completamente polarizada y con una alta incertidumbre sobre la sucesión constitucional y la ausencia de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) en funciones para organizar los comicios que podrían realizarse el próximo 15 de diciembre, fecha en que estaba programada la segunda vuelta.

En una escueta declaración tras versiones de que el mandatario boliviano había dejado el país en el avión presidencial, el Vicepresidente Álvaro García Linera también dimitió denunciar que "el golpe de Estado se ha consumado". "Me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino. Y le seré siempre leal, estaré siempre a su lado, acompañándolo en las buenas y en las malas", afirmó.

Las masivas manifestaciones se iniciaron hace tres semanas en pleno recuento electoral , cuando al 83% del escrutinio se paralizó la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por más de 24 horas, dejando una bruma de dudas que se expandieron por los nueve departamentos bolivianos.

Las principales ciudades convocaron un paro cívico que profundizó un quiebre entre los ciudadanos ante choques entre seguidores del oficialismo y de la oposición que dejaron tres fallecidos y más de 250 heridos.

La convulsión social aumentó en las últimas horas cuando la policía se amotinó. Pero el "golpe final" llegó en horas de la tarde, cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman sugirió la dimisión para permitir la "pacificación y estabilidad", lo que surgió en respaldo a las protestas que también pedían la conformación de un nuevo TSE, especialmente después de que la OEA dio a conocer hoy el informe de la auditoría de los comicios que revelaron "graves irregularidades", por lo que llamaron a que se repitieran las elecciones.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado ordenó iniciar procesos contra los vocales del TSE por delitos "ordinarios, electorales y vinculados a corrupción".

Horas después, el diario paceño Página Siete informó la aprehensión de la presidenta y vicepresidente renunciados del órgano electoral, María Eugenia Choque y Antonio Costas.

La oposición liderada por el Luis Camacho, del Comité Cívico de Santa Cruz, exigió la renuncia de senadores, diputados, magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para constituir una "junta de gobierno interina" y realizar elecciones en un plazo de 60 días.

A medida que se agudizaban las manifestaciones comenzaron masivas dimisiones de masistas. La ministra de Planificación, Mariana Prado; de Economía, Luis Arce; de Minería, César Navarro; de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; de Deportes, Tito Montaño.

Gabriela Montaño, una de las pocas ministras que no dejó su cargo, denunció a través de Twitter que policías intentaban esta noche detener a Evo Morales. En tanto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard le ofreció asilo político e informó que "20 exmiembros del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia (están) en la residencia oficial en La Paz".

La escasa gobernabilidad que pendía de la línea de sucesión establecida en la Constitución y que dejaba el Palacio Quemado en manos de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, se esfumó tras su dimisión.

El Artículo 169 establece que tras el titular del Senado es el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien debe asumir el poder transitorio para llamar a elecciones en 90 días, pero también dejó su cargo. En Bolivia se comenta que la Asamblea Legislativa debe sesionar y establecer una directiva para elegir al sucesor de Salvatierra.

En conversación con La Tercera, Borda señaló que "no creo que fue un (golpe de Estado), sino una convulsión social en que confluyeron varios factores. Lamentablemente no hemos respetado un referéndum constitucional y se habilitó al Presidente a una nueva elección. Sobre esto hubo errores en el órgano electoral que no pudo llevar un proceso transparente".

Al final de la jornada, Jeanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado (oposición) anunció que iba camino a La Paz para "asumir formalmente la responsabilidad siguiendo el orden de sucesión"