Tras dos semanas de protestas masivas desencadenadas por los cómputos de los comicios presidenciales, en los que Evo Morales resultó electo por cuarta vez en medio de acusaciones de fraude, los nueve departamentos bolivianos mantenían anoche bloqueos y choques, mientras el diálogo para una salida pacífica se diluía.

Durante el fin de semana, el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se ha convertido en el principal dirigente opositor, exigió la renuncia de Evo Morales y que los militares respaldaran a los detractores del Mandatario para la realización de nuevas elecciones. Ante esto, el Jefe de Estado hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a "garantizar la soberanía del pueblo boliviano". Ello, en un discurso en el lago Titicaca por el aniversario de la creación de la Armada Boliviana.

Los cuestionamientos respecto de la entrega de los resultados de las elecciones han provocado una escalada de violencia que ha dejado dos fallecidos y cerca de 150 heridos. Eso, además de pérdidas por US$ 167 millones -según cifras del gobierno- y una profunda división entre los bolivianos.

El oficialismo acusa un golpe de Estado y ha recibido el respaldo de las organizaciones cocaleras, mineras y campesinas, mientras los opositores -que acusan a Evo Morales de aceptar la auditoría de la OEA que demorará 15 días- son apoyados por gremios de médicos, estudiantes y ciertos políticos.

Los ánimos se encendieron el martes, cuando Camacho, quien ha eclipsado la imagen del excandidato y expresidente Carlos Mesa como el principal rostro opositor, llegó al aeropuerto de El Alto para entregar al Mandatario una carta de renuncia.

Camacho anunció que viajó a La Paz para entregar la misiva al Presidente. Ante esto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que implementarán "un dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de problemas. Si él quiere dejar una carta, como ha anunciado, pues se coordinará con sus voceros para facilitarle esa tarea". Hasta el aeropuerto llegó el binomio de Comunidad Ciudadana, integrado por Mesa y Gustavo Pedraza para "garantizar el derecho a la libre circulación" de Camacho.

Uno de los últimos en integrarse a las movilizaciones ha sido el sector del transporte pesado. Según el diario La Razón, los transportistas exigen nuevas elecciones presidenciales y han bloqueado varios pasos, como "las fronteras de Santa Cruz, Puerto Suárez, Yacuiba y todas las otras fronteras" por 48 horas, sostuvo un dirigente cruceño. A esto se suman las movilizaciones en más de 40 entidades públicas que han sido paralizadas en al menos ocho regiones.

Entre las exigencias opositoras también surgió una petición para formar un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), órgano encargado de las elecciones que había sido duramente criticado por habilitar la candidatura de Evo Morales, que fue rechazada por la mayoría de los bolivianos en un referéndum en 2016. Además, el organismo electoral sufrió varias renuncias el año pasado y es acusado de generar incertidumbre en las elecciones tras la paralización por más de 20 horas de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con un 83% del escrutinio.

En un intento por disminuir la tensión, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que "el pueblo de Bolivia merece toda la certeza técnica, jurídica y política, más necesarias que nunca".