El expresidente de Bolivia, Evo Morales aseguró que es víctima de una “brutal guerra judicial”, debido a la acusación en su contra por tráfico agravado relacionado con una supuesta relación con una menor de edad durante su mandato.
Morales fue acusado penalmente el lunes por el delito de de trata de personas agravado y la Fiscalía dictó una orden de captura y una alerta migratoria para evitar su salida del país.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló que la orden de aprehensión se emitió luego de que el líder indígena no se presentara a una convocatoria de la Fiscalía para declarar en el caso que se le sigue por una denuncia de presunta relación sentimental con una menor en ese entonces de 15 años, en 2015, con la que habría tenido un hijo.
Sin embargo, tras las acciones judiciales, Morales cargó contra el gobierno del actual presidente Luis Arce, al afirmar que está inventando delitos en su contra.
“No respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y me atacan jurídicamente, políticamente y mediáticamente”, dijo en X.
“Desde hace tiempo sufro un bombardeo constante de difamaciones e injurias”, agregó Morales. “El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo”.
Anteriormente, Morales había dicho que la denuncia es parte de una “guerra sucia” que presuntamente han emprendido las autoridades en su contra para evitar que pueda presentarse a una nueva contienda presidencial en 2025.
En relación con las investigaciones que se le siguen en el país, Morales dijo esta semana en la red social X que era “víctima de un odio desenfrenado del Gobierno”.
“Para lincharme, tiene un batallón de jueces, fiscales, policías y medios de comunicación que ignoran el principio constitucional de presunción de inocencia”, explicó.
El político izquierdista de 65 años de edad se atrincheró en la localidad de Chapare, en el centro de Bolivia, y vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido hasta por tres cordones de seguridad para evitar su detención.
Hace unos días el gobierno boliviano extraditó a Estados Unidos al coronel Maximiliano Dávila, exjefe de la lucha antidroga durante el gobierno de Morales (2006-2019) acusado de protección a mafias que trafican cocaina a Estados Unidos.
Morales cuestionó la decisión y dijo que “Bolivia vuelve a ser una colonia” de Washington.
