Un grupo de expertos de la ONU han criticado el “doble rasero” de la comunidad internacional respecto a Israel y sus “anexiones de territorio palestino”, país al que se le “permite usar la retórica política y otros medios” para continuar con sus “violaciones al Derecho Internacional”.

En ese sentido, han comparado la “rotunda” imposición de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania mientras que “la anexión de Israel de territorio palestino ocupado se centra en la retórica política, los debates y las negociaciones”, lo que muestra un “doble estándar” y una “aplicación a la carta” de las leyes internacionales.

Además, han asegurado que la “anexión continua de partes del territorio palestino” indica que Israel busca la anexión total, según un comunicado en el que denuncian la “anexión ilegal” de grandes superficies tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este.

“La anexión o adquisición de territorio por medio de la fuerza o la amenaza está categóricamente prohibida por el Derecho Internacional. Constituye un acto de agresión, un crimen que cae bajo la jurisdicción de la Tribunal Penal Internacional, y plantea una amenaza a la paz y la seguridad internacionales”, han indicado.

“Socava los fundamentos de la Carta de la ONU y la promesa de universalidad de los Derechos Humanos internacionales, 75 años después de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, añadieron los expertos.

Entre estas violaciones han informado de una “brutalidad creciente” de actos violentos contra “hombres, mujeres y niños palestinos”, y han instado a Israel a poner a estas violaciones y a cumplir con el Derecho Internacional.

Otras de estas infracciones serían la confiscación tanto de tierras como de recursos de palestinos, que han dado lugar a la construcción de más de 270 colonias en las que viven unos 750.000 israelíes.

Asimismo, han señalado que estos colonos tienen reconocidos derechos civiles y políticos mientras que los palestinos “están sujetos a un régimen militar”.

En la misma línea, han pedido a los Estados miembros de Naciones Unidas a utilizar los medios legales para poner fin a “estos actos ilegales”.