"Yo reto a cualquiera a que demuestre que el sistema electoral venezolano no es el más seguro de América Latina y el Caribe y muy probablemente del mundo. Va a ser imposible hacerlo", aseguró el canciller venezolano Jorge Arreaza, en una entrevista publicada en La Tercera, el 24 de enero, al ser preguntado por las elecciones presidenciales que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -un órgano integrado exclusivamente por oficialistas- decidió adelantar para antes del 30 de abril.
Las palabras de Arreaza, uno de los hombres clave del gobierno de Nicolás Maduro, causaron eco en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) que divulgaron un informe en donde se observa "con profunda preocupación" esta convocatoria realizada por la ANC que, a su juicio, "carece de competencia" para tomar esta medida.
El informe también cuestiona el sistema electoral venezolano, contradiciendo directamente al jefe de la diplomacia chavista.
"Le queremos recordar al canciller que no han existido misiones de observación electoral internacional calificadas que puedan respaldar sus afirmaciones y que, en las elecciones realizadas durante 2017, las organizaciones de observación electoral nacionales han denunciado graves fallas en lo relativo al funcionamiento del sistema electoral", señala el texto.
Por estas razones el reporte firmado por el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, y por el director de IDEA para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto, concluye que "una convocatoria que mantenga las condiciones actuales podría considerarse no competitiva".
El informe destaca que aún no exista una "fecha precisa" para los comicios ni un cronograma de las actividades relacionadas al proceso electoral.
Según ellos, estos puntos son parte de una serie de restricciones "muy graves para la integridad de cualquier elección". Entre ellas se menciona "la opacidad en los procedimientos y pasos", la ilegalización de algunos partidos opositores y el "rechazo sistemático" a la observación nacional e internacional "calificada e independiente".
Los expertos critican también la "sistemática injerencia" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los procesos electorales venezolanos.
La semana pasada, el TSJ impidió que la oposición venezolana presentara un candidato único utilizando la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la más conocida para los electores opositores.
"Este fallo del Poder Judicial se suma a un conjunto de decisiones cuyo único propósito es favorecer al partido del gobierno", asegura la declaración.
El informe urge a las autoridades venezolanas a realizar una renovación del sistema electoral, que en la actualidad está comandado por el Consejo Nacional Electoral, un órgano que según la oposición es un "aliado" del gobierno.
Pero también recomiendan una "revisión profunda" de los procedimientos utilizados en la actualidad, una auditoría al Registro Electoral y su apertura para aquellos venezolanos que han migrado del país, la eliminación de mecanismos de supervisión del voto y el establecimiento de un sistema de votación que impida las "prácticas perversas que tergiversan, coaccionan o cambian la voluntad de los votantes".
"Hacemos un llamado a que se respeten las condiciones de integridad electoral mínimas para la celebración de elecciones competitivas en Venezuela", concluyen los dos expertos.
