Con al menos 79 víctimas fatales y 81 heridos, la explosión en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, se ha convertido en la mayor tragedia provocada por el robo de combustible en la historia de México. El incidente, ocurrido la noche del viernes, despertó dudas sobre los protocolos a seguir en estos casos y la decisión de las autoridades de enviar a un grupo de solo 25 uniformados, entre policías y soldados, para controlar a las más de 600 personas que llegaron a sacar combustible del ducto. Los presentes ignoraron las advertencias y algunos incluso se pusieron agresivos. "Al verse rebasados por la cantidad de personas, los oficiales se vieron obligados a retirarse a un costado para evitar una confrontación", señaló el secretario de Defensa Nacional, Crescencio Sandoval.

Un policía mexicano indicó a El País que el procedimiento en estos casos consiste en reportar la situación a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), formar un perímetro alrededor del área y solicitar refuerzos. Sin embargo, no se pudo cumplir por la cantidad de gente que llegó. En un punto, había cerca de 30 personas por soldado.

López Obrador respaldó el actuar de las Fuerzas Armadas: "La actitud del Ejército fue correcta y oportuna para evitar una confrontación con los pobladores", señaló el mandatario. Además, reafirmó su compromiso con no aplicar medidas coercitivas sobre la población.

Las críticas a los protocolos del Ejército frente a la tragedia podrían acelerar el proyecto de Guardia Nacional propuesto por AMLO, ya que pone en tela de juicio la capacidad del cuerpo militar de atender emergencias de este tipo, que incluyen el uso de prácticas de protección civil y manejo de la fuerza. La creación de esta guardia, que les concedería más poderes a las Fuerzas Armadas, fue anunciada en noviembre. La nueva institución sería el "instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el país". Los miembros provendrán de la Policía Militar, la Naval y la Federal. Además, se reclutará a civiles para que se integren a la formación.

El mando operativo de la Guardia Nacional, para la que se esperan 50 mil reclutas, estará a cargo de oficiales del Ejército, y en el caso de la costa, de la Armada. También habrá un Gabinete de Seguridad encabezado por el Presidente.

Al presentar el plan en noviembre, AMLO aseguró que "no se puede enfrentar la violencia con violencia" y que jamás "reprimirá" al pueblo mexicano. Sin embargo, esta estrategia de seguridad no se condice con sus dichos durante la campaña. El año pasado aseguró en varias ocasiones que retiraría a los militares de la seguridad pública. Por eso, el anuncio de este proyecto causó sorpresa e incluso algunas críticas. Carlos Bravo, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), señala a La Tercera que, en realidad, la medida es sumamente popular. Asegura que el uso de las FF.AA. para tareas de seguridad pública siempre ha sido altamente aprobado entre la ciudadanía. La polémica se produce más bien entre los especialistas de la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales, porque "buena parte del conocimiento y la experiencia acumulada apunta en la dirección contraria a la de la propuesta del Presidente".

De acuerdo a Odracir Barquera, analista del Comexi, las organizaciones civiles que están en contra de la medida "no alcanzan a comprender la dimensión del problema actual de violencia e inseguridad".

Julio Ríos, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, explica que esta medida es apoyada por la gente, porque las FF.AA. son una de las instituciones que gozan de mayor confianza en México. Pero advierte que es peligroso justificar la militarización sobre esta base: "Las Fuerzas Armadas se vuelven más descuidadas y tienden a cometer más violaciones a DD.HH., lo que en el mediano plazo mina la confianza en ellas".

En los videos difundidos se observa cómo los militares intentaron alejar a la ciudadanía de la zona de la explosión horas antes de que ocurriera. Sin embargo, no lograron movilizarlos, lo que ha puesto en duda la autoridad que puede tener el Ejército en situaciones de emergencia.