Una jueza rechazó solicitud de la Fiscalía General de archivar investigación contra el controvertido político. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”,

El expresidente colombiano Alvaro Uribe podría enfrentar un juicio por supuesto fraude procesal y manipulación de testigos tras la decisión de una jueza que rechazó el martes una solicitud de la Fiscalía General para archivar una investigación contra el controvertido líder político.

La decisión de la jueza mantiene un largo proceso judicial profundamente polarizado en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores un proceso justo.

“Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, dijo la magistrada Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá.

“El debate se surte en el juicio, y esta funcionaria está impedida para conocer del mismo”, aseguró Barrera durante una larga audiencia.

La decisión de la juez puede ser apelada por la Fiscalía General ante el Tribunal Superior de Bogotá, una instancia superior en el sistema judicial de Colombia que podría confirmar el fallo o revocarlo.

La decisión de la juez probablemente será cuestionada por los seguidores de Uribe, pero aplaudida por sus críticos que alegaron menos rigurosidad en la investigación por parte de la Fiscalía.

Uribe no se pronunció directamente sobre la decisión, pero en su cuenta de Twitter criticó las “filtraciones” del fallo a periodistas, que en su opinión “niegan la imparcialidad”.

El caso desató en 2020 una controversia política y jurídica en Ecuador.

Uribe, un político muy popular y polémico, recuperó la libertad en octubre de 2020 por orden de una jueza, después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.

Arriesga pena de hasta 12 años

El caso podría terminar con una pena de prisión de hasta 12 años para el político, según abogados.

Uribe permaneció dos meses bajo arresto en el 2020 en su finca cerca de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.

El político renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la Fiscalía con el argumento de que la corte no le ofrecía garantías después de que violó el debido proceso, pero sus críticos aseguraron que se trató de una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso y dirigido por una persona cercana al expresidente Iván Duque.

Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018 y es el dirigente más visible del partido derechista Centro Democrático, que llevó al poder a Duque.

El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.

Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.

“Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, a la justicia y a la reconciliación entre los colombianos”, dijo el senador Cepeda en una declaración en la reiteró su respeto al fallo de la juez.

Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista, pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.