El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, sumó este martes una nueva imputación a raíz de la denuncia del Ministerio del Capital Humano por el escándalo vinculado a la contratación de seguros y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos al exmandatario trasandino.

La acción judicial se inició tras una demanda de la ministra de esa cartera de Estado, Sandra Petovello, debido a los “sospechados negociados” en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la contratación de seguros para jubilados.

En el dictamen el fiscal federal Ramiro González sostuvo que ante “el estado en que se encuentra el presente proceso” resolvió imputar a Federico D´Angelo, ex director general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES; Alberto Fernández, ex Presidente de la Nación; Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros, el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros S.A. y el responsable de TG Broker S.A.”, según detalla el reporte del diario bonaerense ‘Clarín’.

La denuncia de la Fiscalía se radicó por el delito de asociación ilícita y defraudación al Estado.

Según consta en el dictamen del fiscal que consideró que hay elementos suficientes para iniciar la investigación penal, que ante la maniobra denunciada se estaría ante un “perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A.”.

Desde el gobierno señalaron que la Anses contrató “coberturas de seguros con Nación Seguros utilizando intermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público”.

Lo que pidió investigar la ministra Pettovello es el hecho de que los imputados, alegando una supuesta “falta de costo” para el Estado, “arbitrariamente y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo usaron sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros S.A”.

La ministra de Capital Humano remarcó en la denuncia que “cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal”.