El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont fue detenido en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo, según ha confirmado a Europa Press. Según informa El País, el catalán había huido a Bélgica y fue detenido este jueves en la isla italiana, donde el dirigente había ido para asistir a un varios encuentros durante la semana.
Puigdemont huyó de España en 2017, luego de que la justicia de ese país decidiera procesarlo tras la celebración de un referéndum que buscaba la independencia de Cataluña.
En marzo, el Parlamento Europeo despojó a Puidgemont de la inmunidad de la que disfrutaba como diputado desde 2019. Puigdemont vivía en un exilio autoimpuesto en Bélgica.
Su oficina dijo que Puigdemont había viajado a Alguer esta tarde desde Bruselas para asistir a la Exposición Internacional de Adifolk y reunirse con el jefe regional de Cerdeña y su defensor del pueblo.
“Cuando llegó al aeropuerto de Alguer, fue detenido por la policía de fronteras italiana. Mañana será puesto a disposición de los jueces del tribunal de apelación de Sássari, que es competente para decidir si lo libera o lo extradita”, dijo su oficina en el comunicado.
Gonzalo Boye, abogado del expresidente, ha explicado en redes sociales que Puigdemont acudía a Cerdeña en su calidad de eurodiputado, y que la detención se produce “en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, se encuentra suspendida”.
Gobierno español pide juicio
El Gobierno de España ha señalado este viernes que Puigdemont “debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano”.
El Ejecutivo ha manifestado su respeto por “las decisiones de las autoridades italianas” como -ha asegurado- que ya lo hizo cuando “los tribunales españoles y europeos” dictaron “resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan” al expresidente catalán.
“La detención de Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales”, ha asegurado Moncloa.
