Después de una investigación que se extendió por una década y un juicio que duró más de tres años, el caso contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, llegará a su desenlace este martes.

Según informó el diario peruano El Comercio, el Poder Judicial dará a conocer su fallo en primera instancia respecto a la acusación por lavado de activos, basada en presuntos aportes ilícitos que el Partido Nacionalista habría recibido durante las campañas electorales de 2006 y 2011.

El veredicto, que estará a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado, marcará un hito. No solo por definir el futuro judicial de otro expresidente peruano, sino porque será la primera vez que un tribunal se pronuncie sobre si los aportes no declarados a campañas presidenciales pueden ser considerados actos de lavado de dinero.

El caso Lava Jato en Perú ya tiene sentencias por corrupción referidas a presuntos pagos ilícitos a exfuncionarios. No obstante, la de Humala será la primera que aborde otro tipo de acusaciones: las de lavado de dinero por presuntos aportes de campañas.

De acuerdo con la acusación del fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, la campaña nacionalista del 2006 recibió dinero de origen ilícito del gobierno de Venezuela.

Además, la imputación sostiene que la campaña del 2011 -que acabó con Humala ganando la presidencia- recibió fondos del presidente brasileño, Lula da Silva. Ambos están acusados de recibir tres millones de dólares de la constructora Odebrecht como aporte ilegal para la campaña que llevó a Humala a la Casa de Pizarro.

Inserto en el caso Lava Jato

Este caso forma parte de uno de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica en las últimas tres décadas. El caso Odebrecht es el eje central de la operación Lava Jato, que se originó en Brasil y destapó una red internacional de corrupción que involucró a la constructora en sobornos a nivel institucional en más de una decena de países latinoamericanos.

La razón por la que este proceso judicial demoró tanto en llevarse a cabo, “en principio porque nunca antes se había llevado a cabo un caso de esta magnitud, con actores de tanto peso involucrados”, señala a La Tercera Enzo Elguera, analista político y CEO de la encuestadora peruana Imasolu.

“En este escenario, un elemento que generó muchos retrasos fue la colaboración eficaz entre las fiscalías de Brasil y Perú. Había un acuerdo entre ambos países, pero surgieron tensiones: desde Brasil se decía que Perú no estaba cumpliendo con lo pactado y que incluso estaba saboteando los compromisos, mientras que desde Perú se sostenía que sí se estaban respetando los términos”, explica el analista.

“Esto provocó un quiebre y extendió los plazos del proceso. Además, al equipo de fiscales que inició la investigación en Perú también se le atribuyen demoras adicionales, ya sea por un exceso de celo en seguir los acuerdos o incluso por posibles intentos de favorecer ciertos intereses. (...) En algún momento, incluso, se habló de que los acuerdos se habían tenido que reiniciar desde cero, lo que también contribuyó a la dilatación del juicio”, complementa.

Presunción de inocencia

El pasado miércoles, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional escuchó los alegatos finales del excongresista Santiago Gastañadui y del abogado del Partido Nacionalista. Así terminaron las defensas de los procesados, por lo que el caso quedó expedito para la decisión final de este martes.

De acuerdo con la tesis fiscal, Humala y Heredia habrían recibido dinero de origen ilícito del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht (hoy Novonor) para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011, respectivamente. David León, abogado del Partido Nacionalista, insistió en que dicha agrupación política, que en la actualidad no cuenta con inscripción vigente, no tiene ninguna responsabilidad por los hechos investigados.

Las defensas de Humala y Heredia rechazan que las campañas del nacionalismo hayan llegado ese dinero desde Venezuela o Brasil, de acuerdo con el medio peruano Gestión. Para los abogados, la Fiscalía no logró probar nada de ello: ni la entrega ni el origen ilícito.

Más allá de eso, también rechazan que -en el supuesto negado de que hubiesen recibido esos montos- ello constituya el delito de lavado de activos. “No existieron valijas diplomáticas transportando dinero para la campaña de 2006 o 2011. No hay ninguna evidencia objetiva que lo acredite”, afirmó Heredia durante los alegatos finales.

Además, el expresidente arremetió contra la Fiscalía, acusándola de tener doble estándar con los directivos de Odebrecht y OAS. “Al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y OAS no les han puesto nada, por eso es que hoy en día no están en el Perú, han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía”, criticó.

Mientras que la ex primera dama señaló que no se ha demostrado un desbalance patrimonial en sus cuentas personales ni en las de su esposo, lo que, según ella, refuerza su posición en el juicio. Y cuestionó la veracidad de los testimonios en su contra y denunció una persecución política en su contra.

Sobre aquel último argumento, Elguera explica a este medio que al ser esta la primera sentencia de lavado de dinero de un presunto aporte no declarado en una campaña presidencial, eso genera que “en evidencia, no le faltan argumentos a la defensa para decir que ellos han sido los primeros y que esto tiene una motivación más política que jurídica”.

Lo que dijo el exasesor de Humala

Uno de los puntos más importantes de todo el juicio ha sido lo que dijeron los colaboradores eficaces, es decir, las personas involucradas en el caso que aceptaron cooperar con la justicia a cambio de beneficios, como reducción de condena.

Uno de ésos fue Martín Belaunde Lossio, un exasesor cercano al expresidente Humala. Él fue el que dijo que el dinero para la campaña presidencial venía desde Venezuela, y que llegaba en valijas diplomáticas, o sea, maletas que usan los diplomáticos y que no se revisan en aduanas (lo cual facilitaría ingresar dinero sin control).

“Algunas veces (el dinero) venía por valijas diplomáticas y otras veces no tengo la certeza cómo, pero a mí me lo entregaron en efectivo, en dos mochilas”, narró el empresario, que señaló que el dinero provenía de negocios ilícitos que se hacían entre empresarios “y los empresarios entregaban dinero”.

“Evidentemente, era un dinero ilícito porque era un dinero que venía de empresarios del gobierno venezolano y venía de manera subrepticia y se trató de blanquear aquí a través de aportes fantasmas y a través mío incluso, para crear estas empresas o estos contratos ficticios”, contó Belaunde.

Aclaró que el dinero de Venezuela se utilizó mayormente para la campaña y lo que sobró fue para los equipos de televisión, para ver este tema de prensa y los contratos ficticios que se hicieron, según recogió el medio Perú21.

Además de negar aquella versión, la ex primera dama resaltó que los testimonios han cambiado con el tiempo, lo cual, según ella, hace que no sean confiables.

Y para rematar, Heredia agregó que Belaunde tiene una especie de venganza personal contra Humala, porque fue el gobierno de Humala el que permitió que Belaunde fuera extraditado desde Bolivia para enfrentar la justicia en Perú, de acuerdo con el medio Infobae.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

La resolución podría traducirse en una sentencia condenatoria o en una absolución.

El Ministerio Público pide 20 años de prisión para Humala y 26 años y medio para Heredia. Hay otras ocho personas también acusadas por lavado de activos en este caso, para las que se piden penas que van de ocho hasta 26 años y medio de condena. Además, se solicitó la disolución del Partido Nacionalista y la empresa Todo Graph.

Por su parte, la Procuraduría contra el Lavado de Activos requiere el pago de una reparación civil de 20 millones de soles (US$ 5,3 millones).

Heredia también recordó que, como parte del proceso, tanto ella como Humala cumplieron 10 meses de prisión preventiva, medida que posteriormente fue revocada. En su discurso, pidió al tribunal una decisión justa que respete sus derechos fundamentales y los de su familia.

Además de establecerse si ese dinero fue recibido o no por las campañas nacionalistas, se definirá si ello constituyó lavado de activos. Para ello, se debió lograr establecer durante el juicio no solo la entrega de ese dinero, sino también su presunto origen ilícito y posteriores actos para ocultar su procedencia. Para la Fiscalía, todo ello sí pudo ser probado.

Si la sentencia resulta en contra de Humala y Heredia, el fallo también podría tener un impacto directo en otros procesos vinculados al caso Lava Jato que continúan en curso, donde se investiga a excandidatos y exfuncionarios por presuntos aportes de constructoras brasileñas a campañas políticas, añade Elguera.

Entre ellos figuran Keiko Fujimori, acusada en el caso Cócteles, y la exalcaldesa limeña Susana Villarán, involucrada en el caso del No a la Revocatoria. Además, están bajo la lupa las campañas del PPC, el APRA, Perú Posible y Peruanos por el Kambio.