Ocho exmilitares colombianos reconocieron este martes su responsabilidad en 49 ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar en los municipios de Dabeiba e Ituanogo, en el departamento de Antioquia, entre 2002 y 2006 durante el Gobierno de Álvaro Uribe, en el marco del escándalo conocido como “falsos positivos”, por el que se premiaba a militares a cambio de matar civiles y hacerles pasar por guerrilleros abatidos.
Los exuniformados han participado en una audiencia de Reconocimiento de Verdad en Dabeiba, ante un auditorio repleto de víctimas y ante la presencia de los magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como medida de reparación simbólica de los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, comunidades y su territorio.
“Cada máximo responsable fue decisivo en determinadas fases del plan criminal. Por ejemplo, algunos participaron en la selección de las víctimas, otros en su ejecución, otros fueron decisivos en la legalización de esas operaciones y otros en el encubrimiento de los crímenes”, explica la JEP, que agrega que escuchar y respetar la voz de las víctimas “es esencial” para el adecuado desarrollo del proceso judicial.
Los comparecientes, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad, son los coroneles Efraín Enrique Prada Correa y Edie Pinzón Turcios, excomandantes de dos batallones; así como los comandantes Yaír Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica. También los sargentos William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; y el soldado Levis de Jesús Contreras Salgado.
“Estoy aquí para decir la verdad. Resarcir el buen nombre y dignificar a las familias”, declaró el coronel Turcios. “Fueron asesinadas personas por pertenecer a un área como Dabeiba y presentados como guerrilleros por la estigmatización”, explicó.
El excomandante Rodríguez Giraldo señaló que “todo el que vestía de blanco o negro era guerrillero y tenía que morirse. No nos contaban capturas. La orden era extinguirlos, asesinarlos”. Así, ha explicado que irrumpían viviendas de personas inocentes, de donde sacaban a las residentes de forma ilegal, maltratándoles y golpeándoles.
“Me convertí en un asesino (...) Vinimos a quitarle la vida a otro ser humano sin importar (...) Han pasado más de dos décadas de este hecho y ha sido imposible borrarlo de mi mente, que me ha quitado el sueño”, aseveró. “Destrocé a una familia. Dejé a una esposa sin su esposo, a unas hijas sin su padre y a unos padres sin su hijo”, añadió.
Otros de los exmilitares han reconocido que su responsabilidad fue “ocultar”, “permitir” y obstaculizar las investigaciones: “Ocultar la verdad me hace partícipe de los hechos en igual de condiciones”, reconoció el comandante Alvarado Sáchica.
Teresita Zapata, madre de una de las víctimas agradeció a la JEP, a los magistrados y al equipo que hizo posible que les entregaran a sus seres queridos. “Es para nosotras, las víctimas, una fortaleza y una luz de esperanza, anhelando conseguir una verdad sobre sus hijos, hermanos, padres desaparecidos que aún están en lugares oscuros donde no les corresponde”, declaró durante su intervención.
