Filipinas negará el visado a personal de la Corte Penal Internacional (CPI) ante una posible investigación sobre el terreno sobre los abusos de la guerra contra las drogas y los deportará "de inmediato" si logran entrar.
"Cuando digan en Inmigración que vienen a investigar, se les negará la entrada de inmediato", advirtió hoy el portavoz presidencial, Salvador Panelo.
Por orden del presidente, Rodrigo Duterte, Filipinas abandonó el domingo formalmente el Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, un año después de que el gobierno comunicara esa decisión a la ONU a raíz de que la fiscal Fatou Bensouda iniciara un examen preliminar sobre las ejecuciones extrajudiciales de la campaña.
El portavoz de Duterte explicó que los trabajadores del tribunal de La Haya serán bienvenidos como turistas, pero que si se detecta que desempeñan labores relacionadas con la investigación serán deportados "de inmediato".
"Cuando tratas de someter a un país a tú jurisdicción, entonces estás interfiriendo en la soberanía de ese país que cuenta con sus propios tribunales", explicó Panelo, quien subrayó que Filipinas tiene capacidad para procesar y condenar a infractores de la ley.
El portavoz insistió en la versión de Duterte de que la CPI no tiene jurisdicción sobre Filipinas, ya que aunque el país firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo ratificó el Congreso en 2011, ese último paso no figura en la Gaceta Oficial, por lo que no es válido.
Duterte ha sido acusado ante la CPI de crímenes de lesa humanidad por los abusos de la guerra contra las drogas, en la que han muerto más de 5 mil sospechosos según datos oficiales de la Policía, aunque grupos civiles elevan la cifra a más de 20 mil asesinatos.
Seis familiares de víctimas de la campaña interpusieron una demanda el pasado agosto, aunque la querella que motivó el examen preliminar fue una presentada en abril de 2017 por el letrado filipino Julio Sabio.
Sabio es el abogado de Edgar Matobato, sicario arrepentido de los "escuadrones de la muerte de Davao", que según su testimonio mataban bajo las órdenes de Duterte las dos décadas que fue alcalde de esa ciudad (de manera intermitente de 1998 a 2010) para acabar con drogadictos, criminales y opositores.
El portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, afirmó el domingo que la salida de Filipinas no detiene el examen abierto, ya que los crímenes investigados se cometieron cuando el país era miembro del tribunal.
