El Ministerio Público Federal de Brasil pidió el miércoles al gobierno del presidente Lula reinstalar la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMPD) en un plazo máximo de 60 días, aconsejando a las autoridades a destinar recursos humanos y económicos para el funcionamiento del organismo.
“El trabajo del CEMDP debe continuar para permitir la perfecta ejecución de las sentencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a Brasil”, reza un comunicado en el que la Fiscalía cita una serie de casos en los que el Estado brasileño se vio obligado a realizar “esfuerzos” para determinar el paradero de las víctimas.
Asimismo, ha solicitado al Ejecutivo adoptar medidas que garanticen la permanencia del órgano colegiado hasta completar todas sus competencias legales, informa Agencia Brasil.
Por otro lado, ha señalado que la extinción del grupo viola la norma que creó la comisión e incumple las recomendaciones del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (2014), que pedía continuar con las actividades encaminadas a localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de desaparecidos.
El Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, que ha recibido la recomendación de la Fiscalía, señaló que a principios de 2023 adoptó las medidas administrativas y legales para el restablecimiento. Tras ello, envió un proyecto de decreto a la Casa Civil y a la Procuraduría General de la República.
Desde entonces, la medida no se ha implementado, si bien los ministerios implicados emitieron dictámenes favorables. Las organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil también han reclamado la reinstalación del organismo.
La comisión, responsable de abordar las muertes por actividades políticas durante la dictadura militar, en el periodo comprendido entre 1961 y 1979, fue creada en 1995 y abolida a finales de 2022 bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, antes de abandonar su cargo.
