El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ha sido acusado formalmente por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal en el marco de una investigación que arrancó en el año 2018 y por la que el exmandatario ya había asumido que sería juzgado.
El fiscal Gilberto Iván Villarreal presentó este viernes la acusación, después de que el Juzgado 44 Penal de Bogotá negara la solicitud de nulidad emitida por la defensa de Uribe al considerarla “impertinente e improcedente”, según informó el diario local ‘El Espectador’.
“La fiscalía estima que el imputado Álvaro Uribe Vélez, conociendo los acontecimientos trascendentes relatados acá y siendo consciente de cada uno de sus actos y consecuencias, encaminó su voluntad o querer al objetivo delictual trazado, esto es con dolo directo, en beneficio propio o de terceros”, señaló el persecutor.
Luego de que el fiscal Villarreal diera lectura a la acusación, la jueza Sandra Liliana Heredia señaló que a partir de ese momento el exgobernante colombiano “adquiere la condición de acusado”.
La Fiscalía General de Colombia anunció a principios de abril que llamaría a juicio a Uribe por los mencionados delitos, indicando que no solicitaría orden de captura contra el exmandatario y que, por tanto, podría defenderse en condición de libertad en el juicio oral que se celebrase en su contra.
Después de un largo proceso de investigación, en el que incluso estuvo un par de meses detenido en su residencia en 2020, Uribe deberá defenderse en juicio para demostrar la inocencia en la que ha insistido por años en un caso sobre sobornos a testigos para que cambiaran su versión o negaran supuestos vínculos con grupos paramilitares.
Uribe niega cargos
“Nunca pedí sobornar un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de la información que me llegaba”, señaló Uribe durante la audiencia del viernes.
El exmandatario ya informó en octubre de 2023 que las autoridades del país se habían negado a archivar el proceso abierto en su contra por la presunta manipulación de testigos, y reconoció que en algún momento sería llevado a juicio.
El caso comenzó en 2012 cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones apuntaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, que se convirtió en investigado. Ahora se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
