La Fiscalía de Ecuador dijo el jueves que detuvo a 29 personas, incluido al presidente del órgano regulador del sistema de justicia del país, como parte de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico.
Unos 900 fiscales y policías llevaron a cabo la madrugada del jueves más de 75 allanamientos en oficinas del Consejo de la Judicatura y viviendas de jueces, fiscales y policías a lo largo del país.
Ecuador está experimentando una creciente ola de violencia, que incluye en sistema carcelario, que las autoridades atribuyen a las bandas de narcotraficantes, en medio de duros problemas económicos y alta migración.
La fiscal general Diana Salazar dijo que la investigación del caso se originó luego del asesinato dentro de una cárcel el año pasado de Leandro Norero, acusado por el presunto delito de lavado de activos y relacionado con bandas vinculadas al narcotráfico.
“A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico”, agregó Salazar en un video difundido en redes sociales.
La fiscalía acusará en las próximas horas al presidente del Consejo de la Judicatura y funcionarios en provincias, un exgeneral de la Policía, así como a personal de la agencia penitenciaria SNAI, abogados y líderes de la banda criminal.
La policía escribió en la plataforma X que en Quito detuvo a “Wilman T., por presunta delincuencia organizada”, al referirse al allanamiento del domicilio del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, donde encontró dinero en efectivo.
Terán publicó en su cuenta de la plataforma X un video mostrando el momento de su detención y dijo que se trataba de “una persecución” con la que, según dijo, las autoridades destruyeron su carrera judicial.
“Con esta persecución han destruido la carrera judicial”, escribió Terán en otro mensaje.
El presidente Daniel Noboa, un joven empresario que asumió el cargo el mes pasado, se ha quejado de los jueces y fiscales que han beneficiado con sus decisiones a miembros de bandas criminales y dijo que sus nombres serán publicados.
La fiscalía encontró que los presuntos acusados utilizaban dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios del sistema de justicia “corruptos” para que llevaran sus procesos legales y así obtener beneficios.
La fiscal advirtió sobre una posible escalada de violencia en respuesta al operativo.
