El Ministerio Público de Guatemala ha presentado este viernes los resultados sobre su investigación contra el partido Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero y ha insistido en la retirada de inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha detallado que la investigación ha determinado siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.
“Se confirmaron siete hallazgos de violación a la normativa electoral”, ha explicado en una rueda de prensa, agregando que además faltan documentos por pagar, como préstamos sin intereses, firmados por el secretario general, Andrés Pérez Álvarez.
“En estos momentos se está presentado el retiro de antejuicio en contra del señor César Bernardo Arévalo de León por el delito de lavado u otros activos al no esclarecer fehacientemente el origen y destino de 44.000 dólares”, ha indicado.
Curruchiche también ha asegurado que pedirán a las agencias de Estados Unidos que rastreen dicha cantidad de dinero. Asimismo, ha exigido la retirada de la inmunidad de Pérez Álvarez, así como de la secretaria general adjunta Ligia Iveth Hernández Gómez por la posible comisión de delitos de financiación ilegal.
“El Ministerio Público ha sido atacado por medios de comunicación nacionales e internacionales, por organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea. Se nos ha tratado de (atacar por) fraguar un golpe de Estado, pero ustedes van a ver quiénes han violentado la democracia de este país”, ha dicho Curruchiche.
En el marco de su presentación sobre la investigación contra el Movimiento Semilla, el Ministerio Público también ha solicitado órdenes de aprehensión contra Jaime Gabriel Gudiel Arias y Cinthia Alejandra Rojas Donis por “falsedad ideológica con agravación”.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
Por su parte, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda, ha asegurado que “es una falacia” que el organismo “quiera alterar los resultados electorales o que se haya vulnerado la voluntad popular”. “Rechazamos todas estas narrativas falsas”, ha agregado.
Sobre las elecciones, la fiscal Leonor Morales ha explicado que, debido a ciertas irregularidades halladas en las actas 4 de las elecciones, los resultados de los comicios deberían ser “nulos”. Sin embargo, Curruchiche ha resaltado que tendrá que ser el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el que tome una decisión al respecto.
“Intento de golpe de Estado”
Poco después de la rueda de prensa, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha condenado en un comunicado el “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala”.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, ha sentenciado Almagro.
Asimismo, ha recalcado que las acciones tanto Curruchiche como de Morales “constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país”.
En este sentido, ha hecho un llamamiento al presidente saliente, Alejandro Giammattei, así como a todas las instancias del poder -la Corte Constitucional, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia- a tomar acciones “contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la democracia en Guatemala”.
Esto se produce después de que la presidenta del TSE de Guatemala, Irma Palencia, denunciara una “persecución política” contra el organismo que busca alterar los resultados de las últimas elecciones, en las que resultó ganador Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla.
El Congreso dio ‘luz verde’ a retirar la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, entre ellos la presidenta del órgano, en el marco de una investigación contra el organismo por la compra fraudulenta de un programa informático.
La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor “que hubiera permitido ahorrar 34 millones” (4,1 millones de euros).
Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se retrotraen a cuando Curruchiche trató de cancelar la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, ganador en las últimas elecciones de la mano de Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez séptimo penal, Fredy Orellana.
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