La Fiscalía Nacional de Perú citó a la presidenta Dina Boluarte para que comparezca por las muertes que se registraron en el país durante las manifestaciones realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el derrocamiento del exmandatario Pedro Castillo.
La diligencia forma parte de la investigación que se le sigue a la gobernante peruana por el presunto delito de genocidio y se fijó para el miércoles 31 de mayo, a partir de las 09:00 a.m., en la sede central de la Fiscalía de la Nación, en Lima.
En declaraciones a la emisora RPP Noticias, Joseph Campos, abogado de la jefa de Estado, dijo que Boluarte acudirá a la citación.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, precisó.
Campos aseguró que el gobierno ha pedido celeridad al Ministerio Público en las investigaciones sobre el saldo de al menos 60 fallecidos que dejaron la jornadas de protestas en el país, sobre todo en las regiones como Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac y Ayacucho.
Junto con insistir en la inocencia de la mandataria, el abogado señaló que la investigación preliminar tiene un alto costo político para Boluarte a nivel nacional e internacional, en un contexto en que los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de México, Andrés Manuel López Obrador han cuestionado la legitimidad del gobierno peruano. Incluso el mandatario azteca calificó a la presidenta peruana de “usurpadora”.
“Estamos insistiendo en definir este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país, a estos señores que utilizan su condición presidencial (en referencia a López Obrador y Petro) para establecer que en el Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida”, precisó.