La Fiscalía de España ratificó este miércoles su acusación por rebelión contra los líderes independentistas catalanes que están siendo juzgados por su participación en el intento secesionista de 2017 en esa comunidad autónoma española.
El Ministerio Público considera probado en el juicio la existencia de violencia durante los días de octubre que culminaron con la declaración ilegal de independencia de Cataluña, y por eso mantiene invariables las penas de prisión para los doce acusados tras la vista oral en el Tribunal Supremo.
Destaca la petición de 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno regional catalán, y 17 para la expresidenta del parlamento autonómico Carme Forcadell, el diputado Jordi Sánchez, y el líder de la organización soberanista Omniúm Cultural Jordi Cruixart.
Para el resto de los procesados, varios de ellos exconsejeros del gabinete del expresidente regional Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española en Bruselas, mantiene penas que van desde los 7 a los 16 años de prisión.
Tras la celebración del juicio, que finaliza el 11 de junio, el Ministerio Público considera que no hay duda de que el proceso separatista fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (delito de malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (delito de desobediencia).
Además de ratificar su postura, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que si son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría al Gobierno regional de Cataluña (que tiene las competencias penitenciarias) aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.
También la Abogacía del Estado se reafirmó este miércoles en su acusación por sedición y mantuvo la petición inicial de penas que van desde los 7 a los 12 años.
Petición de la ONU
Un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este miércoles la liberación inmediata de los líderes independentistas catalanes en prisión, en un informe que ha sido cuestionado por el Gobierno español.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional considera contraria a los derechos humanos la prisión preventiva dictada contra los dirigentes catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Los tres elevaron su situación a principios del año pasado a ese órgano, que en sus conclusiones insta a España a poner en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados.
Los tres elevaron su situación a principios del año pasado a ese órgano, que en sus conclusiones insta a España a poner en marcha una "investigación exhaustiva e independiente" de las circunstancias en torno a la "privación arbitraria" de la libertad de los imputados.
El Ejecutivo español, por su parte, ha trasladado a la ONU su "malestar" por el informe y ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento del grupo de trabajo que lo ha publicado, según indicó el embajador de España en la capital británica, Carlos Bastarreche.
El diplomático consideró, en un encuentro con medios de diversos países europeos en su residencia en Londres, que la comunicación del grupo de trabajo supone "una clara interferencia" al proceso judicial que se sigue contra los líderes por la organización de un referéndum independentista en 2017 declarado ilegal.
El documento divulgado hoy solicita al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, que espera que ponga en marcha respecto a las "recomendaciones" que ha formulado.
El texto del grupo de trabajo fue difundido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se iba a declarar la independencia de Cataluña.
