El gobierno de Francia presentó este miércoles un proyecto de ley para luchar contra el “islamismo radical” que pretende estrechar el control sobre los lugares de culto y prohibir algunas prácticas “incompatibles” con los valores de la República francesa, en un contexto de tensión con el mundo musulmán.

“Este proyecto de ley no es un texto contra las religiones, ni contra la religión musulmana en particular. Es, por el contrario, una ley de libertad, una ley de protección, una ley de emancipación frente al fundamentalismo religioso”, señaló este miércoles el primer ministro francés, Jean Castex, en una conferencia de prensa.

El texto, compuesto por unos 50 artículos, y que es presentado como uno de los últimos grandes proyectos de ley del quinquenio del Presidente Emmanuel Macron (2017-2022), busca responder a la inquietud de los franceses frente a la amenaza yihadista y a una reciente ola de atentados.

Incluye disposiciones para reforzar el control sobre el funcionamiento y la financiación de las asociaciones y lugares de culto, así como la lucha contra los mensajes que incitan al odio y divulgan información personal en internet.

Esta última disposición es la respuesta del gobierno al asesinato en octubre pasado de un profesor cerca de París que había mostrado caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión. El maestro Samuel Paty había sido amenazado por internet antes de su decapitación por un presunto islamista a mediados de octubre. En los mensajes, publicados por algunos padres de familia, se mencionaron su nombre y el de su escuela.

La muerte de Paty se suma a la larga lista de atentados yihadistas en Francia, que incluyen las matanzas de 2015 en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo y en la sala de conciertos Bataclan, y un ataque en una iglesia en Niza también en octubre de este año, que dejó tres muertos.

El proyecto de ley también propone criterios más estrictos para autorizar la escolarización en el hogar de los niños mayores de tres años, con el fin de evitar que los padres saquen a sus hijos de las escuelas públicas y los matriculen en estructuras islámicas clandestinas.

Asimismo, prohibiría a los profesionales de salud realizar certificados de virginidad, bajo pena de una multa de US$ 18 mil o hasta un año de cárcel, e impediría a las autoridades expedir documentos de residencia a los solicitantes polígamos.