El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves que el país comenzará a ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a personas mayores y grupos vulnerables después de verano en el hemisferio norte, es decir pasado septiembre.
“Nos estamos preparando, como otros países, para poner esta tercera dosis a las personas de más edad y más frágiles. Lo haremos a partir del regreso de las vacaciones”, ha dicho el mandatario galo ante el avance de la variante delta del virus, altamente contagiosa.
Así, ha especificado que se ha establecido que “para hacer frente a este virus hacen falta recordatorios”, tal y como ha explicado en un vídeo a través de la red social Instagram con el que busca resolver las principales dudas de los franceses. “Probablemente se necesitará una tercera dosis. No para todos ahora mismo. (...) En esta etapa solo estas poblaciones objetivo se verán afectadas”, ha manifestado.
Según el Ministerio de Sanidad, “para la mayoría de las personas, la vacuna sigue siendo eficaz nueve meses después de la primera inyección”, si bien no da tan buenos resultados pasado un año.
Ante el miedo a una nueva saturación de hospitales, Macron y su Gobierno se están “preparando” así para “empezar a poner esta tercera dosis”, tal y como ha matizado el presidente, que prevé establecer un plan a finales de agosto para la inoculación de esta tercera dosis.
En total, el 64,5 por ciento del a población francesa ha recibido al menos una dosis, mientras que el 53 por ciento está ya completamente vacunado. Las palabras de Macron han tenido lugar poco antes de que el Consejo Constitucional emita su dictamen sobre las nuevas restricciones sanitarias del Ejecutivo.
Está previsto que este jueves por la tarde la corte evalúe la ley presentada por las autoridades sobre la obligatoriedad de mostrar un certificado de vacunación para la realización de determinadas actividades, una cuestión que ha levantado la polémica en el país y ha provocado una serie de protestas en las principales ciudades.
El Gobierno había anunciado que a partir del 9 de agosto sería necesario el certificado sanitario para entrar en restaurantes, cafeterías y centros comerciales, además de para poder viajar en tren. Además, los trabajadores sanitarios sin vacunar pueden enfrentarse al impago de sus salarios a partir de otoño.
El primer ministro, Jean Castex, decidió dejar el asunto en manos del Consejo Constitucional precisamente ante las fuertes críticas recibidas contra la ley, que muchos ciudadanos ven injusta y desmedida.
