Junto a Marta Valiñas (Portugal) y Paul Seils (Reino Unido), el abogado penalista chileno Francisco Cox Vial fue uno de los tres miembros de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos que ordenó Naciones Unidas para Venezuela. En esta entrevista con La Tercera, Cox se refiere a esa investigación.
Por la pandemia, la misión no pudo ir a Venezuela. ¿Pero hubo disposición en algún momento del gobierno en recibirlos o no?
Cuando nos nombran y tenemos nuestra primera reunión en enero de este año, estábamos en Ginebra y solicitamos una reunión formal con la Embajada de Venezuela ante la ONU. Esa solicitud nunca fue contestada. Posteriormente solicitamos acceso al país. Tampoco fue contestada. Después solicitamos información sobre casos y temas puntuales. Tampoco nos contestaron. Finalmente, les pedimos un canal de comunicación para entregarles antes a ellos el informe para que pudieran reaccionar. Y tampoco quisieron. Ni siquiera nos contestaban que no, simplemente nos ignoraban. Entonces no hubo ninguna disposición de acceso o de colaboración, de refutación de las conclusiones.
En el informe se recomienda desmantelar las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES). ¿Es optimista al respecto?
Siempre cuando uno emite recomendaciones tiene que esperar cuál es la reacción. No puedo anticiparme cuál va a ser. Pero creemos que efectivamente las FAES deben ser desarticuladas, deben ser disueltas, porque han sido uno de los agentes que han cometido crímenes. Como decimos, hay ejecuciones extrajudiciales que se están cometiendo, se simulan enfrentamientos. Los números son alarmantes.
¿Cree que puedan activarse investigaciones judiciales internas tras el informe?
Nuestro llamado es a eso, a que efectivamente se hagan investigaciones a nivel local, porque esa es la lógica de todo el sistema internacional. La Corte Penal Internacional solo interviene si es que un Estado no puede o no quiere investigar.
Respecto de las responsabilidades políticas de Maduro y miembros de su gabinete, ¿qué posibilidades hay de que se abra una investigación internacional?
Consideramos que más que responsabilidades políticas, hay responsabilidades penales. Nosotros concluimos que el Presidente Maduro y el ministro del Interior tienen responsabilidad penal porque contribuyeron a la comisión de los delitos. También, porque sabiendo de la comisión de los delitos, no tomaron medidas preventivas y represivas.
