El expresidente de Perú, Alberto Fujimori (85), salió en libertad este miércoles tras permanecer 16 años en prisión, luego de una resolución que emitió el Tribunal Constitucional (TC) de ese país, pese a negativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que argumentó que no se cumplían con los requisitos para que se le brindara el indulto humanitario.

El TC había restituído esta semana el indulto a Fujimori que fue concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017. El recurso legal había sido anulado o suspendido varias veces por tribunales menores tras la presión de la CIDH y de los familiares de las víctimas de las matanza en los casos de Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, delitos por los que fue condenado a 25 años de cárcel.

La salida del exgobernante peruano, que abandonó la cárcel de Barbadillo, en Lima, en un vehículo con vidrios polarizados y en compañía de su hija y excandidata presidencial, Keiko Fujimori y su hijo Kenji, se retrasó en algunas horas por un error administrativo en el registro de firmas de los magistrados del TC en la resolución que ordenaba “la inmediata libertad” de Fujimori, según explicó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE, Javier Llaque.

Keiko Fujimori, también líder del partido derechista Fuerza Popular, en los minutos previos de la salida de su padre del penal capitalino manifestó que había recibido con “serenidad” pero con “alegría” la segunda resolución del TC que permitiría su liberación.

“He hablado con mi padre. Él ha recibido con serenidad, pero también con alegría, esta segunda resolución del Tribunal Constitucional. Estamos esperando con prudencia y con mucha fe los próximos pasos”, declaró antes de que el exmandatario fuera puesta en libertad y lo llevara su hogar en el distrito limeño de San Borja para reencontarse con el resto de la familia.

En tanto, distintos sectores políticos y sociales han rechazado la restitución del indulto de Fujimori, junto con los familiares de víctimas, legisladores de izquierda y defensores de DD.HH., que han advertido que el perdón conlleva a Perú a un “grave incumplimiento” de los compromisos internacionales

La resolución del Tribunal Constitucional peruano respondió a la petición presentada por el ciudadano Mauricio Fernando Arnillas Gonzáles en contra del director del Penal de Barbadillo, Ate Vitarte, y del Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia.

La solicitud alegaba un presunto atentado contra la libertad Individual, mediante la detención arbitraria de Fumori. En ese sentido, el martes se dio a conocer el documento en el cual el Tribunal Constitucional, “con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, con el voto singular del magistrado Domínguez Haro, ordena que el Instituto Penitenciario (INPE) y el Director del Penal de Barbadillo “en el día dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori”.

En medio del proceso, el equipo de abogados de Fujimori presentó un “habeas corpus” en el que aludían a la avanzada edad del expresidente y su delicado estado de salud, que habría empeorado notablemente desde la anulación del indulto. El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso y dio ‘luz verde’ a la excarcelación.

Tras la liberación de Fujimori, centenares de peruanos salieron a las calles para celebrar la medida, mientras que otros para rechazarla, en una situación que vuelve a polarizar al país vecino. Los seguidores del exjefe de Estado lo consideran un “héroe” que salvó a Perú del terrorismo y el colapso económico.

Fujimori había sido condenado a 25 años por haber sido autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos y la Universidad La Cantuta, ocurridos mientras su Gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.

Además de la pena de prisión por estos crímenes, el expresidente tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.

La liberación se produce, además, mientras Perú transita por una nueva turbulencia política, luego de que la Fiscal General denunciara constitucionalmente ante el Congreso a la presidenta Boluarte, por las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales a fines del año pasado y comienzos del 2023.

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte acató la decisión del Tribunal Constitucional que ordenó la liberación de Fujimori, según informaron distintos medios locales. De esta forma el Ejecutivo respaldó la sentencia del órgano constitucional.

El acuerdo del Poder Ejecutivo se dio tras la reunión que sostuvieron la jefa de Estado con el primer ministro Alberto Otárola y el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quienes evaluaron el caso del exmandatario, según reportó el diario limeño La República.

Cabe resaltar que la decisión del TC se da a pesar de que la CIDH rechazó la medida, dado que no se cumplían los requisitos para que se dé el indulto humanitario. El presidente del organismo internacional, Ricardo Pérez Manrique, emitió el martes una resolución adoptando medidas urgentes, requiriendo al Estado peruano no ejecutar dicho fallo hasta que puedan determinar si cumplía con las condiciones que estableció en abril del 2022.