Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de redacción, los funcionarios públicos de Suecia ya han llamado a la “desobediencia civil”. Médicos, trabajadores sociales y bibliotecarios se encuentran entre quienes han dado la voz de alarma sobre una propuesta que está siendo explorada por un comité designado por el gobierno que obligaría a los trabajadores del sector público a denunciar a las personas indocumentadas ante las autoridades. La llamada “ley del soplón” provocó una dura oposición, tras ser calificada de “totalmente inhumana”.
La propuesta fue una de las muchas medidas incluidas en un acuerdo para 2022 alcanzado entre cuatro partidos de derecha del país. El acuerdo allanó el camino para un gobierno de coalición que involucra a tres partidos de centroderecha (Partido Moderado, Liberales, y Demócratas Cristianos) con el apoyo parlamentario del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia (SD), detalla el diario británico The Guardian.
El SD, que defiende una postura estrictamente antiinmigratoria y que se ha convertido en la segunda fuerza política de Suecia, ha impulsado esta medida como parte de su agenda más amplia. Se espera que el comité designado por el gobierno encargado de redactar esta propuesta presente sus conclusiones a finales de noviembre.
Si se implementa la ley, hasta un millón de trabajadores, desde profesores hasta médicos, estarían legalmente obligados a informar cualquier contacto con estudiantes, pacientes y clientes indocumentados para reducir la migración ilegal.
Sobre esta problemática derivada, el gobierno sueco ha informado que el comité que examina cómo podría convertirse en ley también está evaluando si la obligación de proporcionar información podría entrar en conflicto con valores profesionales, como sucede en el sector de la salud.
La Asociación de Médicos suecos, por su parte, ha aseverado que ellos trabajan en esta profesión para ayudar a la gente, “no para vigilarla y reportarla a las autoridades”. Unos 4.000 trabajadores de la salud firmaron una columna para denunciar un proyecto de ley que va en contra del juramento hipocrático. “Esto tendrá impactos en la salud pública: enfermedades no tratadas que se vuelven graves, propagación de enfermedades infecciosas”, explicaron.
La idea también fue rechazada por más del 90% de los bibliotecarios, dijo Anna Troberg del sindicato DIK. “Muchos dicen que prefieren perder sus trabajos antes que denunciar a quienes lo necesitan”, aseguró.
“Todos los empleados del sector público deben estar exentos. Ningún profesor, director de escuela, médico, enfermera, bibliotecario se ha comprometido con su profesión a denunciar. La policía está haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo el nuestro. Es importante en un Estado de derecho como Suecia que todo el mundo mantenga su papel”, advierte Johanna Jaara Astrand, presidenta del sindicato de docentes, declaraciones a Radio Francia Internacional.
Pero desde el gobierno defienden la iniciativa. “Para asegurar que la normativa sea legalmente sólida y no genere consecuencias desproporcionadas para las personas, es posible que ciertas situaciones deban ser exentas de la obligación de proporcionar información”, señaló la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, a The Guardian.
Según la funcionaria, los requisitos de información desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la migración legal, ya que permiten al Estado deportar de forma más eficiente a las personas a las que se les niega el asilo. “Desafortunadamente, muchos permanecen y pasan a formar parte de una creciente sociedad en la sombra”, afirmó. “En tales situaciones, el deber de proporcionar información ayuda a hacer cumplir las decisiones del gobierno y no erosiona la confianza, sino todo lo contrario”.
Sin embargo, en diciembre de 2023, más de 150 regiones, municipios, sindicatos y otros grupos de la sociedad civil sueca ya se habían manifestado en contra de la propuesta. “En este momento existe una alianza única en torno a este tema y se ha convertido en un tema clave”, dijo Jacob Lind, investigador posdoctoral en migración internacional en la Universidad de Malmö.
A juicio de Lind, la propuesta sueca probablemente no tendrá mucho impacto en la reducción del número de personas sin papeles en el país. “Mucha gente no se va a ir”, dijo. “Simplemente terminarán en una situación de mayor miseria. El resultado será el contrario: la sociedad tendrá menos contacto con las personas que se encuentran en esta situación, lo que aumentará aún más su vulnerabilidad y las hará aún más explotables”.
“Esta propuesta es completamente inhumana”, comentó al diario británico Michele LeVoy, de Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados. Las consecuencias podrían ser devastadoras, ya que la población que no tenga una situación regularizada en el país podría dudar en enviar a sus hijos a la escuela y estar menos dispuestas a acceder a servicios de salud o denunciar delitos en su contra.
“Las personas estarán aterrorizadas. ¿Por qué querría alguien ir a un lugar donde saben que lo más probable es que no reciban atención, ni puedan ir a la escuela ni a la biblioteca, porque serán denunciados?”, afirmó LeVoy. “Los migrantes indocumentados ya están bastante marginados. Una propuesta tal es muy negativa. Esto equivale a establecer una especie de Estado policial. Y por eso pedimos que se abandone por completo”, agregó.
Esta propuesta de ley se integra en una ola antimigratoria que recorre Europa que está provocando la criminalización de la solidaridad con las personas indocumentadas, según la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados. En ese sentido, LeVoy recordó que Finlandia también está considerando ampliar las obligaciones de informar sobre personas en situación irregular, mientras que en Alemania, las oficinas de bienestar social llevan lidiando durante dos décadas con estas obligaciones de reporte.
Un ejemplo adicional de esta tendencia en alza serían las medidas implementadas en Reino Unido por Theresa May en 2012, cuando era ministra de Interior de David Cameron, donde se introdujeron políticas de “entorno hostil” que buscaban restringir el acceso al trabajo, a los beneficios, a cuentas bancarias, licencias de conducir y otros servicios esenciales para aquellos que no podían demostrar su derecho legal a residir en el país.
