Lo que inició como una decisión política/policial del Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con el ingreso de la policía a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, rápidamente se transformó en un problema de dos nuevos frentes para el mandatario, que ya enfrenta un serio problema de seguridad que lo obligó a declarar el conflicto armado interno tras la escalada de violencia narco.
La imagen de policías saltando la pared de la embajada mexicana y sacando a la fuerza al exnúmero dos de Lenin Moreno -condenado en 2017 a ocho años de cárcel en el marco del Caso Odebrecht- hicieron que los acuerdos con la oposición correísta en pos de la seguridad saltaran por los aires, pero también alinearon de forma inédita a la gran mayoría de los países e instituciones regionales en la condena a lo ocurrido.
Este lunes, la situación se judicializará de manera internacional, cuando el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presente una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en tierras ecuatorianas. “A partir de mañana (lunes) estamos acudiendo a la CIJ donde estamos presentando este triste caso (...). Creemos que podemos ganar este caso rápidamente”, señaló la canciller mexicana, Alicia Bárcena.
Esquirlas internas
Cuando dos importantes líderes narco escaparon de prisión y el pandemónium se desató en Ecuador, la respuesta institucional fue firme, tanto en el oficialismo como en la oposición. Le precedían meses de cifras récord de asesinatos por cada 100 mil personas, lo que fue coronado por jornadas de explosiones y la toma de un canal televisivo en Guayaquil mientras transmitía en vivo.
En aquella oportunidad, la antigua contendora de Noboa a la presidencia ecuatoriana, Luisa González, así como todo el arco opositor, se mostraron abiertos a aprobarle todos los proyectos en materia de seguridad al mandatario como muestra de unidad frente a la crisis. Pero aquello terminó con lo ocurrido en el consulado durante el viernes en la noche.
Los 51 legisladores del partido Revolución Ciudadana (RC), del expresidente Rafael Correa -quien también fue condenado a ocho años por cohecho en medio del Caso Sobornos y actualmente reside en Bélgica en calidad de refugiado político-, oficialmente pasaron a la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador como modo de protesta tras el operativo policial en la embajada.
Luisa González, antes abierta al diálogo, ahora se declaró abiertamente contraria a Noboa, incluso llamándolo a dimitir. “Invadir una embajada es atacar a suelo extranjero. Es declararle la guerra a un país y se lo hace en medio de un capricho de un Presidente sin razón ni justificación”, señaló según el periódico El Universo.
“Noboa ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar”, añadió durante una conferencia de prensa en Quito el sábado. Para la excandidata presidencial, el actual mandatario “no está capacitado para dirigir este país” y “nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos”.
Noboa había logrado pactar un acuerdo legislativo con RC, el Partido Social Cristiano (PSC) y su partido, Acción Democrática Nacional (ADN) y, gracias a aquello, contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar cinco leyes económicas clave de cara al primer semestre. Glas y su arresto tiró por tierra el acuerdo.
Entre las tres fuerzas principales de la Asamblea Nacional, junto a independientes abiertos a negociar con Noboa, sumaban ampliamente los 92 votos necesarios para lograr la mayoría de un total de 139 curules. Sin RC, que cuenta con la primera minoría de 51 votos, la suma no se ve tan auspiciosa. De momento, el Legislativo ecuatoriano se encuentra en un receso de 15 días, el que concluye este 9 de abril, pero el 10 reinician las sesiones plenarias y las comisiones especializadas permanentes.
Quien también se refirió a la situación fue el propio Rafael Correa, en diálogo con EFE. El exmandatario aseguró que Noboa pecó de “torpeza” y “vanidad” en su actuar. En una ácida crítica, tildó al actual mandatario de ser “un chico muy inmaduro que nació en cuna de oro, creció en una burbuja, ya no plateada, sino con diamantes, y que no conoce la realidad”, añadiendo que era “caprichoso, engreído, malo... y ahora lo hemos ratificado”. “Se atreve a hacer lo que nunca la historia ha ocurrido: irrumpir en una embajada y para secuestrar a un asilado”, cerró.
¿Autogol internacional?
En un caso inusual en la toma de posiciones a nivel regional, la gran mayoría de los países se alinearon tras la crítica a la irrupción en el consulado mexicano. Bajo el lema de “cero impunidad”, el gobierno de Noboa traspasó los límites de la embajada en Quito y se llevó a la fuerza al exvicepresidente ecuatoriano, en lo que expertos y distintas cancillerías -junto a algunos mandatarios- calificaron como una flagrante falta a la Convención de Viena, entre otros.
En diálogo vía correo con La Tercera, Natalia Saltalamacchia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales de ITAM de México, señaló que el asalto a la embajada mexicana en Quito tiene dos especificidades. Primero, “la efectuaron miembros de la policía de Ecuador, el Estado receptor”, y en segundo lugar, “tomaron por la fuerza a una persona que ese mismo día por la mañana había recibido asilo diplomático por parte de México”.
La lista de transgresiones en lo ocurrido la noche del viernes, añadió la experta, es larga. “Se violó la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas (artículo 22) y la inviolabilidad de los agentes diplomáticos (artículo 29) por el maltrato ejercido contra el Jefe de Cancillería y encargado de negocios Roberto Canseco. También violo la Convención de Asilo Diplomático de 1954 al retirar por la fuerza a Glas, quien había recibido oficialmente protección del Estado mexicano”, explicó Saltalamacchia a este periódico.
Y la respuesta en la región fue transversal, con Estados gobernados desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda condenando lo ocurrido. Una variopinta selección de naciones se refirió a la situación, incluidos Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, y Venezuela.
Estos tres últimos se mostraron especialmente críticos. “Ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador, al tomar por la fuerza la Embajada de México en Quito, convoco con carácter de urgencia a la Troika de la Celac para este lunes 8 de abril”, señaló en X, antes Twitter, Xiomara Castro, la Presidenta de Honduras. Nicolás Maduro calificó la intervención policial de ser un “acto fascista”, y La Habana manifestó su “solidaridad” ante la “inaceptable violación de la embajada”.
En el otro lado del espectro político, Argentina y su Presidente Javier Milei señaló en un comunicado que “se une a los países de la región en la condena de los hechos”, ejemplificando con su propia realidad. Desde el 26 de marzo que seis opositores venezolanos se mantienen en carácter de refugiados en su embajada en Caracas. Y Estados Unidos, mediante el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseveró que “condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y se toma muy seriamente las obligaciones de los países bajo la ley internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.
En Chile, la Cancillería y el propio Presidente, Gabriel Boric, se mostraron contrarios a lo ocurrido en mensajes en redes sociales, al igual que el caso de Colombia y Gustavo Petro.
“Los efectos internacionales se producen sobre todo por la vía política: desprestigio internacional por violar flagrantemente una norma básica del derecho internacional, sentando precedentes que son peligrosos para TODOS los países del orden internacional. Expresiones de condena/alarma/desacuerdo emitidas por gobiernos, líderes de organismos internacionales (ONU, OEA, Unión Europea). Posiblemente, vengan resoluciones de la misma índole del Consejo Permanente de la OEA y de la reunión de ministros de relaciones exteriores de Celac”, explicó Saltalamacchia respecto a las posibles consecuencias de lo realizado por Noboa.
Al mismo tiempo, el comportamiento de Ecuador para con otras embajadas podría poner “en riesgo a sus propias embajadas y agentes diplomáticos. Sentando este precedente, les resultará más complicado invocar inviolabilidad e inmunidad diplomática de sus propios funcionarios en caso de necesidad”, añadió la analista.
Según el diario Primicias, de Ecuador, si bien existe la posibilidad de que algunos gobiernos tomen posturas más severas que expresar una condena, en la práctica, solo Daniel Ortega, de Nicaragua, rompió relaciones con el país sudamericano, al igual que México.
Sin embargo, también podrían tomar medidas distintos organismos internacionales que también condenaron el asalto de las fuerzas policiales. Ejemplo de ello es la solicitud del Bloque Unión por la Patria del Parlamento del Mercosur (Parlasur) de suspender a Ecuador como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Mientras distintas voces han llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a la realización de reuniones urgentes para abordar el caso, también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) inician conversaciones al respecto.
