El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, ha anunciado que el gobierno dejará de pagar indemnizaciones a las víctimas de terrorismo de Estado ante la detección de “distintos casos de irregularidades” tanto en la tramitación como en el pago de los mismos.
A partir de ahora, la cartera ministerial “auditará -de forma integral- todos los reclamos que tramitan en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado y detendrá los pagos”, según reza un comunicado.
“El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, ha señalado.
El texto cita la causa abierta a Adrián Martínez Moreira, hijo de desaparecidos durante la dictadura y procesado en junio de 2023 acusado de encabezar una asociación ilícita que falsificaba pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad en busca de un beneficio económico.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública”, ha recordado.
Por último, ha agregado que “existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.
Las compensaciones económicas concedidas por el Estado a las víctimas de la dictadura argentina (1976-1983) se incluyen en varias leyes nacionales como compensación por el daño sufrido por las víctimas. El presidente del país, Javier Milei, ha negado en varias ocasiones que hubiera 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
