En el día 18 de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el movimiento liderado por Leonidas Iza y el gobierno del Presidente Guillermo Lasso llegaron este jueves a un acuerdo que pone fin a las protestas y el paro nacional tras la mediación de la Iglesia Católica.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el secretario presidencial, Iván Correa y el titular de la Conaie, Leonidas Iza, lograron el acuerdo en el marco de la mesa de diálogo que contó con la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Durante la cita, sostenida en el auditorio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en las instalaciones del Seminario Mayor, en Quito, se informó del cese del paro nacional y el retorno de las comunidades indígenas a sus territorios, según el acta leída por Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Además, se anunció que el precio por galón del diésel y las gasolinas extra y ecopaís bajará 5 centavos adicionales a los 10, que en días anteriores dispuso Lasso. La rebaja total será de 15 centavos. Entre otros puntos, también se acordó que no se extenderá la frontera petrolífera y que no se realizarán actividades mineras en áreas protegidas, parques nacionales y fuentes hídricas, precisó el diario El Comercio. Asimismo, la administración de Lasso se comprometió a derogar el estado de excepción en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano.
Previo a la firma del acta, Iza pidió tiempo para consensuar con los dirigentes regionales la aceptación de los términos del acuerdo propuesto, y tras la cita se pidió incluir algunos puntos exigidos con anterioridad. Cuando los dos representantes de los indígenas ya habían firmado el acta, Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) se negó a hacerlo mientras era presionado por sus propias bases y por los otros dirigentes. Finalmente lo hizo.
Antes de este compromiso, el gobierno ya había concedido parcialmente otras demandas del movimiento indígena, como la derogatoria del decreto 95, que promovía la actividad petrolera de la Amazonia. También había aprobado condonar deudas vencidas de hasta 3.000 dólares a familias campesinas, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en 50% el costo de la urea, aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.
El resto de los 10 puntos del pliego de demandas del movimiento indígena se tratarán en mesas de trabajo. Ahora el gobierno tendrá un plazo de 90 días para entregar soluciones a sus reclamos tras el prolongado paro y las protestas violentas. Al menos cuatro personas murieron en hechos asociados a violentos incidentes, según las autoridades.
Iza aseguró que se debe reconocer los puntos que se han avanzado en la lucha, “pero hay puntos pendientes y puntos rojos con los que no estamos de acuerdo, pero por pacificar el país tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de puntos en que si hemos triunfado”. Advirtió que “si las políticas del Estado no resuelven el problema de los pobres entonces los pueblos se levantan… importante que podamos tener claridad en este proceso”.
Jiménez afirmó que “sabemos que tenemos un país con muchas fracturas, con muchos problemas, con injusticias sin resolver, con importante sectores de la población que aún están muy relegados”, y prometió que el gobierno trabajará para construir un país de paz, justo y equitativo.
Ambas partes habían empezado el lunes un diálogo que estuvo a punto de desembocar en una salida definitiva, pero la madrugada del martes un presunto ataque indígena a un convoy de combustibles custodiado por uniformados, que dejó un militar muerto y 12 agentes heridos, motivó al gobierno a abandonar las negociaciones.
El miércoles, una vez que el gobierno expresó su voluntad para retomar el diálogo con el movimiento indígena, el presidente de la Conaie hizo un llamado a las organizaciones y grupos que respaldaban el paro nacional a manifestarse de forma pacífica, a fin de garantizar el nuevo acercamiento con el Palacio de Carondelet.
“El día de mañana (jueves) participaremos en este proceso, para concluir con este diálogo, con resultados”, dijo Iza cerca de la medianoche del miércoles. “Quiero invitar a todas nuestras hermanas y hermanos de las diferentes provincias, que hemos puesto de pie para reclamar nuestros derechos, depongamos cualquier actitud beligerante”, enfatizó el máximo líder de la Conaie.
Una encuesta realizada por Cedatos el 23 de junio, cuando se cumplían 11 días de paro, reveló que el 80,6% de los ecuatorianos quería que terminara el paro. Mientras el 61,3% respondió que no consideraba justificados los pedidos de los manifestantes, un 75,8% dijo que no apoyaba la forma en que se estaban desarrollando las protestas.
Al momento de consultar por las razones para no apoyar el paro nacional, el 31,7% de los encuestados lo adjudicó al vandalismo, el temor y la destrucción de las manifestaciones. La segunda opción, con el 29,4%, fue que hay que trabajar y superar la pandemia, apuntó el diario El Universo.
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