Las autoridades brasileñas dijeron el martes que identificaron a personas en 10 estados del país que financiaron los ataques del domingo contra edificios gubernamentales, mientras los investigadores indagan los vínculos entre las protestas y el poderoso sector agroindustrial del país.
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo el lunes que era indiscutible que personas vinculadas a los agronegocios participaron en los actos del domingo, pero advirtió contra acusar a todo el sector de estar involucrado en los incidentes.
Una idea que reiteró este martes. “Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto al financiamiento. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiamiento. Tenemos una lista de todos los contratistas de buses”, explicó Dino.
Asimismo, el titular de la cartera de Justicia agregó que “todas estas personas serán llamadas a declarar, porque los buses han sido contratados y no se han destinado a excursiones turísticas”.
Pero el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya había apuntado hacia los eventuales responsables. “El agronegocio que quiere usar agrotóxicos sin ningún respeto por la salud humana posiblemente también estuvo ahí”, deslizó el domingo desde Sao Paulo, al referirse a los militantes bolsonaristas que atacaron el Palacio del Planalto y los edificios del Supremo Tribunal Federal y del Congreso en Brasilia.
La declaración del mandatario, que incluyó también como posibles protagonistas de los desmanes a los mineros ilegales y a los madereros que deforestan la Amazonía, crispó aún más los ánimos de los productores agropecuarios brasileños, que en su mayoría militaron por Jair Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales y que rechazaron el triunfo del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), destacó el diario La Nación.
De hecho, en defensa del sector salió Roberto Rodrigues, exministro de Agricultura de Brasil entre 2003 y 2006, durante el primer mandato de Lula. “No fue el agro el que hizo esto. El agro es patriótico; el agro defiende la paz. El agro no está en contra de las instituciones que garantizan nuestra democracia”, dijo al medio brasileño Noticias Agrícolas.
Ingeniero agrónomo y actual coordinador de la Fundación Getúlio Vargas, Rodrigues repudió los actos de violencia que se vieron en Brasilia, pero aseguró que es esencial en este momento “separar el trigo de la paja” y dejar en claro que “el agronegocio es inocente; el agronegocio es trabajar, no armar escándalo; es siembra y tiempo de cosecha”.
La Asociación Brasileña de Agronegocios también repudió la violencia contra las instituciones democráticas en el Distrito Federal de Brasilia y destacó que “es inapropiada, ilegal e inaceptable la acción de invasiones y vandalismo, así como las declaraciones precipitadas, ya sea del sector privado o del público”. A través de un comunicado la entidad agregó que “al defender la democracia, tenemos la obligación de buscar la unidad y el amor a la patria de todos los brasileños. El agronegocio es un defensor de las soluciones que conducen a la paz”.
Al margen de estas declaraciones, los dirigentes agropecuarios buscaban reunirse este martes con decenas de entidades del sector para elaborar una posición única, que podría ser publicada en forma de agromanifiesto contra los actos de vandalismo, informó el sitio Valor Investe.
El movimiento pretende despegar la imagen del sector de los actos terroristas que destruyeron los edificios de los tres poderes en Brasilia, especialmente después de que Lula señalara culpables y atribuyera responsabilidad al “malvado agronegocio” durante un discurso en Araraquara, Sao Paulo, el domingo.
Más de 100 buses partieron desde 10 estados distintos rumbo a Brasilia en la víspera de los ataques a las instituciones del Estado, por los que fueron detenidas hasta 1.500 personas en un principio. Según el ministro de Justicia brasileño, detrás del flete de estos vehículos están destacados empresarios, consignó Europa Press.
Existe una investigación desde noviembre del año pasado, días después de que se confirmara el triunfo de Lula, cuando la Policía Federal y la fiscalía abrieron un caso sobre el financiamiento de las protestas que fueron convocando por todo el país los acólitos de Bolsonaro descontentos con su derrota.
Se investiga, por ejemplo, cómo fue financiada la amplia infraestructura -baños portátiles y comedor gratuito incluidos- con la que contaban los partidarios de Bolsonaro en el campamento que levantaron a las puertas del cuartel general del Ejército en Brasilia, al poco de conocerse el triunfo electoral del líder del PT.
Lula enfatizó que investigarán hasta el último responsable de financiar unas protestas que después derivaron en actos de golpismo y criticó a quienes sufragaron aquello, por servirse de una “masa manipulada” a la que se “alimentó” para ir a protestar.
Por su parte, la Abogacía General de la Unión (AGU) presentará una solicitud para bloquear los bienes de más de 100 empresas sospechosas -muchas con sede en Mato Grosso y Santa Catarina- de sufragar a la turba que dejó tras de sí una estela de destrucción en la Plaza de los Tres Poderes, en sintonía con la orden decretada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.
El magistrado del Supremo, uno de los objetivos del bolsonarismo que se ha erigido en una de las principales figuras tras el asalto a las instituciones, ordenó requisar todos los buses que transportaron a los “terroristas” hacia Brasilia y la comparecencia de sus dueños para que declaren y faciliten información de los pasajeros y de quienes fletaron los vehículos.
