Seis de los 43 estudiantes que desaparecieron en 2014 en el sur de México fueron mantenidos vivos en una bodega por algunos días y presuntamente entregados al comandante de una base militar que ordenó su ejecución, reveló este viernes el gobierno de México.

Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, quien dijo en la conferencia presidencial matutina que una persona identificada como el coronel José Rodríguez Pérez fue el responsable de la desaparición de seis de los 43 estudiantes ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de ese año en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

Al defender el informe de la Comisión de la Verdad que había presentado una semana atrás, Encinas indicó que se “presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel”, quien era comandante de un Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones.

De acuerdo al informe, los seis normalistas fueron retenidos en un lugar denominado la “bodega vieja”, y el 30 de septiembre del 2014 una persona identificada como “el coronel” comentó que “ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes”.

El presidente de la Comisión de la Verdad dijo que se obtuvo esa información a través de llamadas al teléfono de emergencia que acreditan que los seis jóvenes estuvieron al menos cuatro días más con vida tras las detenciones masivas del resto de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el mismo estado. Cuando la semana pasada se presentó el informe Encinas no mencionó al coronel, pero habló del caso de un soldado que fue infiltrado en el grupo de normalistas que también fue desaparecido.

Ante el anuncio sobre la presunta participación de Rodríguez Pérez en la desaparición de seis estudiantes, la Secretaría de la Defensa Nacional dijo a The Associated Press que se esperará el requerimiento respectivo de la autoridad sobre el caso.

Desde que ocurrió la desaparición de los estudiantes siempre hubo polémica sobre el papel que tuvo el Ejército en el caso. Mientras los familiares de los jóvenes y activistas repetidamente denunciaron que militares estuvieron involucrados de alguna manera en los hechos, el gobierno pasado rechazó los señalamientos y los excluyó de las investigaciones.

El reconocimiento por parte de las autoridades de que algunos mandos militares y soldados tuvieron alguna participación en los hechos llega en un momento crucial para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca mantener en las calles a los militares -que desde 2006 han sido claves en la lucha contra el crimen organizado- e incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa a través de una ley que presentará la próxima semana en el Congreso.