Luego de más de un año de suspensión, las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se preparan para reanudar a mediados de noviembre las negociaciones en Ciudad de México, en las que se abordarán un posible acuerdo humanitario y las condiciones para las próximas elecciones presidenciales.
Como fecha optativa se está considerando la próxima semana para retomar el proceso bajo la facilitación del Noruega, pero todo dependerá de que la delegación del gobierno venezolano confirme la asistencia en los próximos días.
A la nueva ronda de negociaciones se llevará un posible acuerdo humanitario para atender la crisis social de Venezuela; la ampliación de la licencia de operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en territorio venezolano; y la definición de condiciones para las elecciones presidenciales que están previstas para el 2024 pero que podrían adelantarse.
El acuerdo humanitario, que incluiría un fondo de unos 3.000 millones de dólares que sería administrado por Naciones Unidas, estará como tema central en los diálogos.
Desde hace varios años Venezuela está hundida en una compleja crisis política, económica y social que ha golpeado a los mayoritarios sectores pobres, que representan cerca del 95% de la población de unos 28 millones de habitantes, y ha alentado una masiva migración de más de 7 millones de personas.
El Departamento del Tesoro estadounidense renovó en mayo pasado la licencia a Chevron para seguir operando en Venezuela. Washington se ha mostrado dispuesta a flexibilizar las sanciones y ampliar la licencia de la petrolera, pero ha condicionado la autorización a que el gobierno venezolano se siente a negociar con la oposición. Desde hace tres años Estados Unidos impuso sanciones al gobierno de Maduro tras cuestionar las elecciones del 2018 en las que logró la reelección por seis años.
Entre agosto y septiembre del año pasado los delegados del gobierno y la oposición participaron en un proceso de negociaciones que no llegó a nada. En esa oportunidad el equipo de Maduro suspendió los diálogos en protesta por la extradición desde Cabo Verde a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien enfrenta cargos por lavado cientos de millones de dólares provenientes presuntamente de negocios corruptos con el gobierno de Maduro.
La administración de Joe Biden tiene interés en que el gobierno y la oposición retomen los diálogos para tratar de buscar una salida a la crisis venezolana que se ha prolongado por varios años y que ha desatado una masiva migración en la región que ya impactó a Estados Unidos. Ante el creciente flujo de migrantes venezolanos Washington restringió el mes pasado los asilos e impuso un plan de 24.000 visas humanitarias.