Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendiera las nuevas deportaciones de migrantes venezolanos que pretendía realizar la administración del presidente de ese país Donald Trump, el Ejecutivo interpuso un recurso para que el máximo tribunal revierta esa decisión.

El recurso fue presentado por el procurador general de EE.UU., John Sauer. En el documento, se solicita al tribunal que permita la reanudación de los vuelos de expulsión hacia El Salvador y que las cortes de menor instancia también puedan pronunciarse al respecto.

Fue el viernes que Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó las deportaciones de los ciudadanos venezolanos en Texas, que fueron detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Hasta ahora, los migrantes se encuentran retenidos en el Centro de Detención de Bluebonnet y son acusados de pertenecer al Tren de Aragua, la megabanda delictiva de origen venezolano.

La ley de origen bélico -que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial- permite al Ejecutivo ordenar la detención y deportación de los nativos de países “enemigos”, omitiendo los procesos correspondientes.

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha justificado el uso de esta ley, argumentando que “el Tren de Aragua está llevando a cabo acciones hostiles y guerra irregular contra el territorio de Estados Unidos, tanto de manera directa como por órdenes, encubiertas o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.

Un alto funcionario de la administración de Donald Trump -que solicitó reservar su identidad- dijo a la cadena CBS News, que de los 261 venezolanos deportados hasta el 8 de abril al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, 137 fueron expulsados debido a la Ley de Enemigos Extranjeros.

Pese a que el máximo tribunal no ha explicitado los motivos de la suspensión, ésta fue en respuesta a una apelación de emergencia de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que señalaba que a los detenidos se les había advertido que serían deportados inminentemente y sin posibilidad de impugnar esa orden.

La Corte Suprema había resuelto a principios de abril que las deportaciones podrían concretarse siempre que los detenidos tuvieran la oportunidad de impugnar el proceso, lo que según la demanda de ACLU, no se habría cumplido en esta oportunidad.