El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó a los fiscales federales que investiguen penalmente a los funcionarios estatales y locales que intenten resistirse a sus esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración, según un memorando al personal del Departamento de Justicia visto por Reuters.
“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de otro modo las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración”, reza el memorando, cuyo autor es Emil Bove, el vicefiscal general en funciones, designado por Trump.
El memorando, fechado el martes, señala una postura agresiva sobre las políticas de inmigración de línea dura de Trump por parte del Departamento de Justicia y plantea la perspectiva de cargos penales para aquellos que puedan interferir.
Dice que los funcionarios estatales y locales que se resistan u obstruyan la aplicación de la ley de inmigración podrían ser acusados en virtud de las leyes federales que prohíben defraudar a los Estados Unidos o albergar a inmigrantes que están en los Estados Unidos ilegalmente.
Si los fiscales optan por no presentar cargos penales tras esas investigaciones, deberán alertar a la dirección del Departamento de Justicia, según el memorando.
El memorando también restableció una política que se remonta al primer Gobierno de Trump, que ordena a los fiscales acusar delitos de inmigración que podrían desencadenar la pena de muerte o sentencias mínimas obligatorias.
Bove dijo a los empleados del Departamento de Justicia que la directiva es una forma de hacer cumplir la avalancha de órdenes ejecutivas que Trump firmó sobre inmigración ilegal en su primer día en el cargo.
Trump, que hizo campaña con la promesa de deportaciones masivas, designó la inmigración ilegal como una emergencia nacional y encargó a las fuerzas armadas estadounidenses que ayudaran a una seguridad más amplia.
Bove también citó las amenazas que suponen las bandas internacionales y los cárteles de la droga.
“Es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas que el pueblo estadounidense eligió al presidente Trump para implementar”, señala el memorando.
